España vive inmersa en un océano de corrupción. Los casos de políticos y empresarios envueltos en operaciones de latrocinio en sus múltiples versiones, evasión fiscal, despilfarro de dinero público con fines clientelares o nepotistas, negocios inconfesables o acumulación repentina de patrimonios inexplicables inundan día tras día las páginas de los periódicos y los informativos de radio y televisión; y es seguro que lo que llega a conocimiento público es sólo una parte de lo que sucede. Pues bien, esta situación pútrida que amenaza con liquidar la democracia ha acabado salpicando al sector energético.
Partiendo de una defensa a ultranza del principio de presunción de inocencia, hay que ser honestos y aceptar que no es bueno para el sector ni para su imagen que consejeros y directivos de empresas destacadas del mismo se vean imputados en tramas de corrupción, como ha ocurrido recientemente con el consejero de Iberdrola, Ángel Acebes, imputado en el caso Bárcenas, que ha sido señalado como presunto responsable de autorizar el uso de la caja b del PP para salir en 2004 en auxilio de Libertad Digital, o los directivos de Cofely, una filial de la firma francesa GDF Suez dedicada a dar servicios de eficiencia energética, y que según la investigación sería la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama en la que Francisco Granados haría la labor de conseguidor de adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. En estas situaciones no cabe ponerse de perfil o mirar para otro lado, sino que hay que actuar con celeridad y tomar las medidas necesarias
El sector energético venía siendo objeto desde hace tiempo de numerosas críticas por lo que se ha venido en llamar política de ‘puertas giratorias’, pero nunca antes habían llegado las cosas tan lejos. La expresión ‘puertas giratorias’se ha usado hasta la saciedad para describir el proceso mediante el cual algunos políticos dejan sus responsabilidades públicas para ser contratados por empresas privadas. Hay que decir que esta expresión se usa habitualmente con connotaciones negativas, de forma que, siempre que se habla de las ‘puertas giratorias’, se suele hacer para indicar que “hay que acabar con las puertas giratorias”. ¿Y es justo que sea así? Probablemente no, pero es evidente que las puertas giratorias deben estar prohibidas para los casos en que un político deje la política para fichar por una empresa privada como pago a favores que, desde sus puestos de responsabilidad pública, haya podido hacer a esa empresa que le contrata. No solo deben estar moralmente prohibidas, sino que los que usen de esta forma las llamadas ‘puertas giratorias’ deben ser perseguidos por la Ley, y de manera terminante.
Y es público y notorio que en el sector energético se han dado numerosos casos de nombramientos de destacadas personalidades de la vida política como consejeros o directivos. Ello no es malo en sí mismo, pero dada la idiosincrasia del españolito de a pie, sí sería bueno que, al igual que la mujer del César, no solo hay que ser honestos, sino también parecerlo. Y en este aspecto ni la clase empresarial ni la política han tomado las cautelas que la opinión pública aceptaría como suficientes. Una opinión pública que, por otra parte, está harta de la corrupción de la clase política que en los últimos tiempos ha pasado a ocupar uno de los puestos de honor entre las cuestiones que preocupan a los españoles.
Insisto, en que ello no es malo en sí mismo, pero probablemente sería bueno que la reciente propuesta del desmemoriado secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación a las políticas de ‘puertas giratorias’ no cayera en saco rato. El PSOE, que ha roto cualquier atisbo de posibilidad de llegar a un gran pacto contra la corrupción con el PP, propone incompatibilidades de hasta cinco años para ex altos cargos de la Administración que quieran fichar por el Consejo de Administración de alguna empresa, suspensión temporal de parlamentarios y concejales procesados por corrupción y citados para juicio oral, publicidad y transparencia para los gastos de representación de los altos cargos, reducción del número de aforados u obligar a los corruptos a devolver lo robado con sus propios bienes y con el de sus allegados y familiares si fueran cómplices de sus delitos.
Lo dicho, unas propuestas que no deberían caer en saco roto si se quiere atajar el problema de la corrupción. Porque no se trata de que los españoles estemos hechos de una madera diferente de la del resto de los mortales: la proporción de golfos y sinvergüenzas es la misma en todas partes. Así es la condición humana. La diferencia está en dos factores que pudren nuestro sistema: el primero es la partitocracia, que lo ha invadido todo y que ha desactivado metódicamente los mecanismos de control del poder diseñados por la Constitución: la Justicia, los medios de comunicación, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas,… Y de otra, el consiguiente y progresivo desprecio del imperio de la ley. Nuestros políticos tienen ya muy arraigada la convicción de que puede haber "soluciones políticas" para determinados problemas al margen de lo prescrito por las leyes, que o se ignoran o se retuercen, con tal de obtener los fines perseguidos. Toda solución política tiene que ser solución jurídica, solución legal, o de lo contrario no es solución, y la factura que se acaba pagando sobre las espaldas de los ciudadanos es y, si no cambian las cosas, seguirá siendo enorme.
José Antonio Roca es editor de El Periódico de la Energía
patricia
03/11/2014