En el momento álgido del último super-ciclo de precios altos del crudo -es decir, entre 2011 y 2014, periodo en el que el barril de petróleo se situó de media en torno a los 105 dólares- las mayores petroleras estatales de América Latina invirtieron grandes sumas en la búsqueda de nuevas reservas, contrayendo grandes deudas en este empeño.
El problema es que los vencimientos de los plazos para el pago de dicha deuda están empezando a acumularse ahora, justo en un momento en que los bajos precios del crudo están reduciendo a mínimos los ingresos en efectivo. Esta situación hace que vocablos como intervención gubernamental, restructuración y suspensión de pagos, cobren día a día mayor protagonismo.
En concreto, estamos hablando de la brasileña Petrobras, la venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la mexicana PEMEX, que en los dos próximos años deben hacer frente a unos pagos de su deuda que en conjunto alcanza los 45.000 millones de dólares. Con los principales crudos de referencia en el mercado internacional ubicados en una zona cercana a los 30 dólares por barril – y muy por debajo en el caso de algunos crudos pesados de Venezuela- la crisis de liquidez resultante comporta serios quebrantos para las finanzas de dichas petroleras.
En enero de este año, lamentándose de la crisis cada vez más profunda que azota al sector petrolero de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff afirmó que no podía descartar un rescate para Petrobras si los precios del petróleo no se recuperaban. Fuentes de la petrolera calificaron esta posibilidad como un "último recurso",pero con cerca de 23.000 millones de dólares en vencimientos de deuda en los próximos dos años, el nuevo equipo de gestión de la empresa ha reducido el gasto de capital y está priorizando la salud financiera de la compañía sobre el crecimiento.
Sin duda, los recortes del gasto van a ayudar, pero cumplir en el plazo previsto con los pagos de la deuda dependerá de un ambicioso plan de desinversiones cifrado por Petrobras en alrededor de 15.000 millones de dolores.
Esta liquidación ha tenido un arranque lento, de modo que en 2015 tan solo se vendieron activos por un total de 700 millones de dólares, lo que significa que este año, en unos momentos en que las ventas priman sobre las compras, deben obtenerse más de 14.000 millones.
Probablemente, para atraer a posibles pretendientes, Petrobras tendrá que desprenderse de participaciones en algunos de sus yacimientos de petróleo en el pre-sal, muy codiciados. Si la venta de activos de Petrobras no tiene éxito, la compañía se verá obligada a volver de nuevo a los mercados de deuda, sabiendo que tendrá que afrontar unas tasas de interés muy altas. En octubre, la petrolera lanzó una emisión de bonos nacionales por un valor aproximado de 790 millones de dólares, pero la oferta no tuvo el éxito esperado, pese a ofrecer un interés del 16%.
Por lo que respecta a la petrolera estatal de México, Pemex podría necesitar ayuda del gobierno, en la medida que las perdidas van en aumento y la compañía debe afrontar pagos de deuda por un valor aproximado de 12.000 millones de dólares en el transcurso de los próximos dos años. Tras unas pérdidas mayores de lo esperado en el tercer trimestre de 2015, el ministro de Hacienda de México, Luis Videgaray, afirmó que la petrolera podía contar con una inyección de capital, si reducía costes y era capaz de atraer a más socios extranjeros.
Esta promesa de respaldo gubernamental ayudó a tranquilizar a los inversores, muy inquietos en las fechas previas a la exitosa emisión de bonos por valor de 5.000 millones de dólares celebrada a finales del pasado mes de enero y que ofrecía un interés del 6,9% a diez años (casi el doble de lo ofertado un año atrás). Pemex planea recaudar este mismo año una cantidad cercana a los 10.000 millones de dólares, cifra que podría conseguir a un precio aún mayor dada la delicada situación financiera de la empresa. Una situación agravada no solo por los bajos precios actuales del crudo, sino también por la caída de la producción de petróleo, estimada en torno a un 8% interanual durante los primeros nueve meses de 2015.
Pero, sin duda, la petrolera estatal latinoamericana que atraviesa una coyuntura más crítica y presenta una mayor vulnerabilidad es la venezolana PDVSA. La compañía produce un tipo de petróleo pesado cuyo precio el pasado mes de enero se ha mantenido en torno a los 25 dólares por barril, alcanzando puntualmente un mínimo de 21 dólares. Estas son cifras insostenibles para PDVSA, a la par que para Venezuela, ya que casi todos los ingresos por exportaciones del país dependen del petróleo. Fuentes bancarias estiman que durante la primer mitad de este año el bajo precio del crudo reducirá los ingresos en cerca de un 60% en relación a los obtenidos el año pasado, lo que significa un enorme agujero en las cuentas de PDVSA.
La posibilidad de una suspensión de pagos por parte de PDVSA e incluso de Venezuela no puede ser completamente descartada en el transcurso de este año, a menos que el precio del petróleo se recupere o que China acuda al rescate. Los bonos de PDVSA para 2016, con vencimiento en octubre, se negocian a precios históricamente muy bajos, lo que constituye un signo inequívoco de la existencia de dudas generalizadas sobre la capacidad de la empresa para pagar. La referida suspensión de pagos, dejaría a PDVSA fuera de los mercados internacionales de deuda, comprometiendo seriamente sus planes de aumento de la producción de petróleo.
Petrobras, Pemex y PDVSA son empresas esenciales en la estrategia energética de Brasil, Méjico y Venezuela, por lo que su caída resulta políticamente impensable. Pero lo paradójico es que después de años de transferir enormes cantidades de dinero a las arcas estatales, el desplome de los precios del petróleo las haya convertido en las principales responsables de la delicada situación económica y financiera que viven sus países.
Mariano Marzo es catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo Editorial del Periódico de la Energía
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