El Parlamento Europeo ha respaldado ampliar los permisos gratuitos para emitir CO2 que reciben determinadas industrias, entre ellas la cerámica, con una propuesta que contempla repartir casi 100 millones de derechos de emisión adicionales entre 2026 y 2030 para reducir los costes de las empresas y evitar, según la Eurocámara, que trasladen su producción fuera de la Unión Europea a países con normas climáticas menos exigentes.
La iniciativa, aprobada con 474 votos a favor, 82 en contra y 28 abstenciones, plantea modificar las normas del mercado europeo de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a disponer de un permiso por cada tonelada de CO2 que emiten, aunque algunas reciben parte de ellos gratuitamente para limitar sus costes de producción.
En concreto, los eurodiputados quieren añadir 11 millones de derechos a los 88 millones que la Comisión Europea ya había propuesto distribuir entre las industrias para compensar parte de la reducción de estas asignaciones prevista hasta 2030, después de que su actualización en junio despertara preocupación en varios sectores por el aumento de los gastos que podría suponer.
Los permisos adicionales procederían de cantidades retenidas a instalaciones que incumplieron determinadas obligaciones, como aplicar las recomendaciones de sus auditorías energéticas, lo que, según la Eurocámara, permitiría limitar al 12,5% de media la rebaja de los valores utilizados para calcular los derechos gratuitos según el consumo de calor y combustible, frente a un recorte mayor con las reglas actuales.
Las emisiones de CO2 de la industria cerámica
El texto aprobado también contempla establecer criterios específicos para determinadas actividades de la industria cerámica, en lugar de aplicar las referencias generales basadas en el consumo de combustible que se utilizan actualmente para calcular sus asignaciones gratuitas.
La modificación permitiría tomar como referencia las emisiones del 10% de las fábricas más eficientes de cada actividad cuando se demuestre que las normas vigentes no reflejan adecuadamente las características de su producción, aunque todavía no se ha concretado qué empresas podrían beneficiarse.
La delegación española del Partido Popular Europeo (PPE) ha celebrado esta enmienda, que asegura haber impulsado junto a eurodiputados italianos para atender las demandas del sector en Castellón y Valencia, así como en la región italiana de Emilia-Romaña.








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