La integración económica entre España y Portugal ha avanzado en el comercio de bienes y el mercado eléctrico, donde los precios mayoristas coinciden en el 95% de las horas, pero sigue siendo desigual, como evidencia que los costes implícitos del comercio transfronterizo se estiman en un equivalente arancelario cercano al 20% en manufacturas y superior al 100% en servicios, según un estudio elaborado por economistas de los bancos centrales de ambos países.
La movilidad laboral también es reducida, toda vez que los portugueses representan el 0,22% de la población residente en España y los españoles, el 0,19% de la población de Portugal, mientras la inversión financiera no bancaria continúa poco desarrollada.
El trabajo, titulado "Perspectivas de la integración económica ibérica", analiza las cuatro libertades del mercado único —bienes, servicios, trabajadores y capital— y concluye que los avances han sido muy distintos.
El comercio bilateral de bienes y los vínculos de producción entre empresas se han intensificado desde la adhesión de ambos países a la Unión Europea en 1986. En cambio, el intercambio de servicios permanece comparativamente bajo, sobre todo en actividades distintas del turismo.
Las barreras estimadas en los servicios superan el 100% en equivalente arancelario, frente a alrededor del 20% en las manufacturas. El estudio aclara que esa cifra no representa un arancel efectivo, sino que es una medida de cuánto menor es el comercio transfronterizo respecto al intercambio interno comparable.
La diferencia puede reflejar normas y trámites, pero también preferencias por proveedores locales, redes comerciales consolidadas, barreras lingüísticas o la necesidad de proximidad entre empresas y clientes.
Los autores calculan los posibles efectos de una reducción parcial de esas fricciones mediante un modelo económico. Así, si se redujeran un 25%, el comercio bilateral aumentaría alrededor de un 20% y el PIB portugués crecería un 0,17%, frente a un 0,06% en España.
En un escenario de reducción del 50%, el PIB avanzaría un 0,39% en Portugal y un 0,13% en España; las exportaciones portuguesas al país vecino subirían un 51% y las españolas a Portugal, un 44%.
El estudio presenta estas cifras como simulaciones de largo plazo, no como previsiones ni como el efecto de una medida concreta. El mayor aumento relativo para Portugal se explica por el menor tamaño de su economía y por la importancia que tendría para ella un mayor acceso al mercado español.
La electricidad, el mercado más integrado
La electricidad es el ámbito en el que la integración resulta más visible. Los precios mayoristas de ambos países coinciden en el 95% de las horas entre 2015 y 2025, una convergencia muy superior a la registrada en la frontera entre España y Francia, en torno al 30%. España y Portugal mantienen zonas de oferta y sistemas de transmisión propios, pero el estudio destaca la coordinación alcanzada en el mercado ibérico.
También señala la complementariedad entre la generación solar española y la flexibilidad hidroeléctrica portuguesa. España tiende a exportar durante las horas de mayor producción solar, mientras que Portugal puede absorber excedentes mediante el bombeo y aportar generación hidráulica en otros momentos.
La movilidad de trabajadores, por el contrario, continúa siendo modesta pese a la cercanía geográfica y a la ausencia de grandes restricciones formales.
Además de las proporciones de población citadas, el análisis observa que los salarios medios son sistemáticamente más altos en España —en 2024, la diferencia oscilaba entre un 21 % en transporte y comunicaciones y un 66% en industria—, aunque esa brecha no se ha traducido en grandes flujos laborales entre ambos países.
Las conexiones financieras también son asimétricas. España es un socio relevante para Portugal, mientras que Portugal tiene un peso menor en las posiciones exteriores españolas.
A finales de 2025, los activos portugueses frente a España ascendían a 66.700 millones de euros y los pasivos a 91.400 millones. Desde el lado español, los activos frente a Portugal sumaban 71.600 millones y los pasivos, 30.100 millones.
El documento propone reforzar la aplicación de las normas europeas, la cooperación regulatoria y el reconocimiento mutuo, además de mejorar las infraestructuras y la interoperabilidad de los sistemas administrativos.
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