La Dirección General de Industria de la Junta de Extremadura ha denegado el permiso de investigación "Valdeflórez" de la empresa Infinity Lithium por considerar que las actividades de investigación que se pretendían acometer en los terrenos que abarcan este permiso consisten en sondeos mecánicos y calicatas, acciones "prohibidas" por el Plan General de Cáceres.
Dichas actividades están proyectadas "en suelos no urbanizables protegidos con limitación de usos", ha anunciado este jueves la consejera para la Transición Ecológica de la Junta, Olga García, durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea.
García ha intervenido en el pleno a petición del PP para que informara sobre la situación actual del proyecto de la mina de litio en el paraje de Valdeflores y de la posición de la Junta sobre el mismo.
En su intervención, el diputado del PP Bibiano Serrano ha acusado al Gobierno regional de "mantener viva" cuando "la mayoría de la ciudadanía cacereña ha dicho no" a este proyecto. "Ustedes son los autores de que este proyecto siga vivo", ha reiterado.
"Ustedes son un océano de contradicciones", ha vuelto a reiterar Serrano, tras recordar que el PSOE del Ayuntamiento de Cáceres votó en contra del proyecto mientras en la Asamblea no respaldó una iniciativa de rechazo al proyecto minero.
La consejera ha explicado que, dado que esta especial protección impide la realización de actividades extractivas tal y como las considera el Ayuntamiento cacereño, la Junta atiende las alegaciones municipales presentadas y resuelve que no puede otorgar un permiso de investigación "que no va a poder cumplir con la finalidad que le encomienda la Ley de Minas, que no es otra que determinar fehacientemente la existencia de recursos minerales".
"No se puede otorgar un permiso de investigación que consiste básicamente en hacer calicatas y sondeos cuando en el terreno afectado está prohibido hacerlos, como explícitamente establecen los informes técnicos del Ayuntamiento. Hacer lo contrario, sería, a todas luces, ilógico e irregular”, ha aseverado.
Según ha explicado, los sondeos suponen un componente determinante de la naturaleza de los permisos de investigación y conllevan la necesaria alteración del suelo sobre el que se practican y son “altamente impactantes”.
Además, y según ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en una reciente sentencia, expuso que un permiso de investigación sin sondeos pierde su identidad, ya que los mismos son consustanciales en su naturaleza.
Aunque esta resolución es relevante, el procedimiento sobre estos derechos mineros está lejos de concluir de acuerdo con la normativa vigente. De hecho, el expediente administrativo sigue su curso, se abre un plazo para presentar recursos de alzada y, posteriormente, cabe recurso ante la justicia.
"En la Consejería no se van a cerrar expedientes de manera discrecional y se va a seguir trabajando para ofrecer certezas legales a todas las partes afectadas", ha aseverado García, quien ha afirmado que la Junta ha cumplido con "su responsabilidad y ha resuelto este procedimiento administrativo con base en fundamentos y criterios legales y técnicos acreditados por la legislación y la jurisprudencia existentes".
En este sentido, Cs, y en palabras del diputado Joaquín Prieto, el rechazo al proyecto "de muchos socialistas, algunos populares, que no todos, y Unidas por Extremadura, atiende a discursos no fundamentados".
"Es una atentado contra la seguridad jurídica y la libertad de empresa", ha manifestado Prieto, quien considera que es "una vergüenza a que se haga política navajera con algo que podría dar pan a muchas familias".
En su opinión, este proyecto podría dinamizar la economía y el empleo. Según los datos del proyecto, las principales cifras económicas son la creación de 1.000 empleos entre directos e indirectos, 300 millones de euros en salarios o 900 millones en impuestos, además de los 10 millones de vehículos totalmente eléctricos que se abastecerán con el hidróxido de litio que se procese en la planta cacereña.
Según la consejera, la Junta trabaja en otros proyectos industriales de gran potencial, "iniciativas con el camino administrativo despejado y tractores de futuro".
Desde Unidas por Extremadura, la diputada Irene de Miguel, que ha reiterado le rechazo de su grupo a este proyecto, ha pedido a la Junta que "no traicione al pueblo cacereño". "Cierren esta locura", ha insistido.
Para el PSOE, según su diputado Labrador Pulido, "no es fácil aguantar tantas falsedades sobre este asunto. Es vergonzosa la utilización de este tema por parte de algunos".
El diputado socialista, que ha asegurado que el trabajo de la Administración de la Junta es "seria, rigurosa y responsable", ha criticado "la demagogia y el ruido" de algunos partidos al afirmar que el Gobierno respalda el proyecto minero, lo que es falso".
Miguel
08/04/2021