El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima enviado por el Gobierno a Bruselas ha marcado unos objetivos de penetración de renovables y de eficiencia energética coherentes y necesarios pero ambiciosos. Para alcanzarlos es necesario que todos los agentes involucrados, toda la sociedad, lo tomemos como un proyecto país y que todas las piezas que coadyuven a este objetivo estén alineadas.
La eficiencia energética, la gestión integrada de la demanda eléctrica, el autoconsumo y el coche eléctrico son elementos importantes en este proceso de transición. Un instrumento de la política energética para avanzar en los objetivos establecidos en estos campos es la adecuación de la señal de precio que se esté dando a los actores, tanto en su importe total como en su competitividad relativa con los combustibles fósiles.
En el caso de la energía eléctrica la señal de precio tiene la característica de componerse de dos elementos uno fijo y otro variable. De forma que la señal que se da a los consumidores depende tanto del precio total en lo que respecta a su competitividad relativa con otras fuentes como de la relación entre el componente fijo y el variable. Cuanto menor sea el componente variable menor será el interés de los consumidores en actuar sobre él.
En nuestro país se da la circunstancia de que la parte fija de la factura eléctrica es la más alta de los países de nuestro entorno. El 40% de la misma se corresponde con el término de potencia, elemento que los consumidores tenemos que pagar independientemente de nuestro consumo de energía.
La estructura de la tarifa española representa una excepción en el entorno europeo, donde la media del peso de la parte fija del recibo es un 22%. En concreto, Italia se sitúa en un 28%, Reino Unido y Suecia en un 25%, Portugal, Dinamarca y Francia en un 22%, mientras que Suiza (16%), Grecia (11%) y Alemania (7%) son los países que cuentan con el menor peso de la parte fija en la factura.
Las causas que han determinado esta peculiar situación en nuestro país tienen que ver con las decisiones políticas que se tomaron hace unos años. Entre 2012 y 2015, se aumentó el término de potencia de la factura con dos objetivos. Por un lado incrementar la recaudación para el sistema eléctrico y contribuir a reducir el déficit de tarifa. Y por otro, al reducir el impacto del término variable del recibo, se pretendía desincentivar el desarrollo del autoconsumo.
Sin embargo, a pesar de que el término de potencia acabó incrementándose en un +137% en esos años, los resultados que se dieron no fueron los esperados. En 2013 el aumento del término de potencia de la tarifa doméstica no produjo el aumento previsto en la recaudación, porque, en uno de los pocos casos claros de curva de Laffer, consumidores reaccionaron reduciendo la potencia que tenían contratada para ahorrar en su factura. Recaudándose más de 700 millones de euros menos de lo previsto.
La principal problemática relacionada con la actual estructura de la tarifa de la luz es el envío de una señal incorrecta a los consumidores, que no se ven incentivados a adoptar medidas de eficiencia energética o a instalar autoconsumo porque no ven una repercusión directa en su factura
En el contexto actual, marcado por la necesidad de llevar a cabo una transición energética hacia un modelo basado en energías renovables, el autoconsumo es uno de los pilares a través del cual los ciudadanos pueden contribuir a la lucha contra la crisis climática al tiempo que reducen su factura energética. Al tiempo que sientan las bases para su participación desde el punto de vista energético en lo que hemos venido a llamar ciudades inteligentes-
Un aumento de la parte fija de la factura tendría efectos negativos sobre la instalación del autoconsumo, porque se alargarían los plazos de amortización de las instalaciones y se reducirían los ahorros económicos.
Con respecto a la eficiencia energética, los consumidores apuestan por adoptar medidas que reducen su consumo solo si observan que su factura varía de forma considerable en función de los esfuerzos que llevan a cabo. De no ser así, no solo no se ven incentivados a estas medidas, sino que también tienden a incrementar su consumo, aumentando los picos de demanda. Generando externalidades económicas y ambientales negativas-
Mención especial merece el tema de los consumidores en situación de pobreza energética, que, con la actual tarifa, acaban destinando una mayor proporción de su factura a sufragar los costes del sistema. También la penetración del vehículo eléctrico se ve negativamente afectada por un diseño del recibo en el que la parte variable tiene poco peso, ya que esta tarifa no se adapta al perfil de uso de la red que realizan las estaciones de recarga. Este tipo de instalaciones, que consumen una gran cantidad de energía en periodos cortos de tiempo, requieren potencias contratadas elevadas estando ociosas el resto del tiempo. Una transición justa no es solo dar soluciones a las poblaciones afectadas por el cierre de centrales sino también que no se perjudique a ningún colectivo social y menos a los más desfavorecidos.
El diseño de la tarifa debe dar señales simples, entendibles por todos los consumidores, y que acompañen el proceso de transición ecológica.
No hay razones, en el momento actual, que no justifiquen el estructurar la tarifa eléctrica de forma que de la señal a los consumidores en la dirección adecuada. No se trata de subvencionar, ni de dejar de pagar peajes o cargas, se trata de hacerlo de manera inteligente. Conseguir los objetivos en la lucha contra la emergencia climática es un importante desafío que solo se conseguirá si a la hora de tomar decisiones se prioriza de forma adecuada el que éstas estén orientadas a este objetivo. Y en ello no se puede hace excepciones. Ni ciudadanos, ni empresas, ni Gobiernos ni entres reguladores.
José Donoso es Director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
Dabama
12/09/2019