Tras casi cuatro años de intensas esperas, el pasado día 20 de febrero de 2015, el Parlamento polaco aprobó la Ley de fuentes renovables de energía, que es el primer texto legal que regula esta materia en un cuerpo legal separado, y que transpone –con un retraso más que considerable- la Directiva del Parlamento y del Consejo 2009/28/CE sobre energías renovables. De acuerdo con esta ley, el nuevo sistema de apoyo a las energías renovables entra en vigor el 1 de enero de 2016.
Dentro del contexto del interés de las empresas españolas por el sector eólico polaco, la Asociación Empresarial Eólica organizó el pasado día 15 de abril de 2015 una Jornada de Trabajo dedicada a la nueva normativa polaca, en la que tuve la oportunidad de explicar la nueva normativa de renovables. En esta charla, que dio origen a un interesante y rico debate sobre esta normativa, se expusieron, entre otras, las cuestiones que siguen.
En primer lugar, es preciso tener en cuenta que en la regulación todavía vigente desde 2005, la energía procedente de energías renovables cuenta con dos fuentes de ingresos: los procedentes de la venta de la energía y los derivados de la venta de los certificados de procedencia de energía renovable (los llamados certificados verdes). En este sistema, las compañías eléctricas deben adquirir de los productores de renovables los certificados verdes en una determinada cantidad fijada por vía reglamentaria, y en caso de no hacerlo deben abonar una tasa sustitutiva (sujeta a indexación anual). La nueva ley, en consonancia con las nuevas tendencias propugnadas por la Comisión Europea, deja relativamente aparcado el sistema de certificados verdes y crea un nuevo sistema de subastas.
La ley mantiene el sistema de certificados verdes para las instalaciones que se encuentren ya en operación o en construcción, al tiempo que fija un plazo determinado de 15 años durante el cual cada instalación tendrá derecho a percibir apoyo. En esta línea, la ley permite el mantenimiento del sistema de certificados verdes para los proyectos ya en marcha actualmente y para aquellos que se conecten a la red eléctrica antes del 1 de enero de 2016. En consecuencia, con el ánimo de quedar abarcados por el ya conocido sistema de certificados verdes los inversores han acelerado la construcción de los proyectos con el fin de conectarlos antes del 1 de enero de 2016, lo cual está provocando un verdadero boom de nuevas potencias instaladas.
Aunque la ley contiene mecanismos de mejora del sistema de certificados verdes (como el aumento relativo del porcentaje de certificados verdes que las eléctricas deberán adquirir, o la creación de fórmulas de control del mercado para evitar las bajadas de precios de los certificados verdes), la intención de la Administración polaca es reducir el nivel de apoyo, tanto marcando un límite temporal máximo de 15 años (antes no existía tal límite de forma expresa), como introduciendo parámetros de corrección a la baja del sistema de apoyo (por ejemplo, ya no se indexará la citada tasa sustitutiva).
Los principales problemas de los productores que pretenden acogerse a este sistema de certificados verdes consisten en determinar con detalle qué criterios se van a emplear por parte de la Oficina de Regulación de la Energía (“URE”) para que una instalación vea reconocido su derecho a percibir certificados, y en qué condiciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si en una instalación en construcción una sola turbina vierte energía al sistema antes del 1 de enero de 2016? ¿Este mero hecho implica que el resto de turbinas que se conecten posteriormente tendrán también derecho a certificados, o bien deberán participar en el sistema de subastas? No hay una respuesta definitiva a esta y otras preguntas, por lo que habrá qué esperar muy seguramente a la futura práctica del URE al respecto.
En otro orden de cosas, el nuevo sistema de subastas que se va a aplicar a las instalaciones que viertan energía a la red desde el 1 de enero de 2016, y a aquellas instalaciones abarcadas por el sistema de certificados que decidan participar voluntariamente en el sistema de subastas, sigue envuelto en un halo de misterio. En este momento no hay elementos de juicio para valorar este sistema, dado que se ha dejado la mayor parte de los detalles importantes para el desarrollo y ejecución reglamentarias, permitiendo al Gobierno una gran libertad para regular de forma discrecional el mercado en cada momento y según unas directrices poco definidas en la ley.
Con carácter general, cada proyecto seleccionado a través de una subasta disfrutará de un precio garantizado durante el periodo de 15 años desde el momento de la primera producción de energía eléctrica vertida a la red. No obstante, hay cuestiones que no han sido reguladas en la ley de forma expresa, y que generan inseguridad jurídica. Una de ellas deriva de la incertidumbre en torno a si estará permitido que las instalaciones construidas a partir del 1 de enero de 2016 podrán vender energía en el mercado libre eléctrico antes de ganar una determinada subasta, especialmente en el caso de que las construcciones finalicen en los primeros meses de 2016. La ley no es nada clara al respecto y, aunque no prohíbe expresamente esta posibilidad, de algunos preceptos de la misma se puede desprender lo contrario. Desde este punto de vista, parece que la ley se ha elaborado sin tener en mente estas situaciones.
Mención aparte merece la cuestión de si van a establecerse volúmenes concretos para cada tecnología en las subastas, cuestión muy relevante para imaginar cómo funcionará el sistema y qué tecnologías se verán favorecidas por el nuevo sistema. Del tenor de la ley no se desprende expresamente esta posibilidad de fijación de volúmenes de energía por tecnología, por lo que habrá que esperar a la aprobación del reglamento de subastas para llegar a una conclusión definitiva.
Por otra parte, en el evento se hizo referencia a la llamada reforma del prosumidor, que establece unas atractivas tarifas garantizadas para las instalaciones de consumidores de hasta 10 kW de potencia (concretamente, para microinstalaciones hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas y de biogás), y que pueden llevar a una auténtica revolución en el sector, primando las pequeñas fuentes de generación renovable. No obstante, la misma redacción de estos preceptos genera dudas, por lo que habrá que esperar a ver cómo se aplicarán en un futuro próximo.
En resumen, no es posible predecir en este momento el impacto exacto de esta nueva ley en el sector eólico, especialmente porque hay cuestiones que van a tener que ser resueltas en los reglamentos de desarrollo y ejecución de la ley. Sin embargo, tenemos la esperanza de que esta regulación aportará estabilidad al sistema, y que será una buena base para seguir desarrollando políticas de promoción de las energías renovables en Polonia, en línea con los compromisos de Polonia con la Unión Europea.
José Luis Villacampa Varea es Senior Associate del área de infraestructura y energía del bufete de abogados polaco Domański Zakrzewski Palinka (DZP).
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