La pobreza energética campa a sus anchas por España

El presidente de Cruz Roja en Cataluña, Josep Marquès, presentó ayer en Barcelona el séptimo estudio del Observatorio de Vulnerabilidad de esta entidad, según el cual **la pobreza energética,**es decir,  la proporción de personas en situación vulnerable con dificultades para mantener su hogar a una temperatura adecuada ha aumentado en tres años en Cataluña de un 40% a un 61,8% y no incide sólo en la calidad de vida, sino también en la salud de las personas vulnerables y en los que padecen enfermedades respiratorias y reúma.

Es el último dato pero no el único que refleja que la pobreza energética campa a sus anchas por España. Hace escasas fechas se daba a conocer otro dato alarmante: los cortes de suministro de gas por impago ascendieron a 75.162 en 2013, lo que suponía un incremento del 86%, o de 34.826, con respecto a las 40.336 interrupciones practicadas por las empresas durante el ejercicio anterior.

El último boletín mensual de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) publicaba en estos días otro dato inquietante. El número de hogares  acogidos al bono social de la luz  ascendía a finales de mayo a 1,97 millones, una cifra muy parecida a la de un  año antes pero que escondía un  pequeño drama, que afloraba cuando al observar el consumo de electricidad de  estas familias, se observaba que había disminuido un  7,2% en el último año. Es decir, que la pobreza energética se acentúa entre los más débiles. No en vano, el bono social eléctrico también se ha visto cercenado con la reforma energética quedando establecido en el 25% del PVPC.

Siete millones de 'pobres'

Por pobreza energética se alude a la incapacidad de un hogar para satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas domésticas tales como la climatización de la vivienda, cocinar, asearse, comunicarse, etc. Y en el mundo desarrollado en el que vivimos, la pobreza energética es un primer indicador de la privación que sufre un hogar en términos económicos para vivir con dignidad. Es un fenómeno poco visible debido a su carácter doméstico y oculto ante otras formas de exclusión social y pobreza más extremas. No obstante, según el Comité Económico y Social Europeo, afecta a 54 millones de personas en la Unión Europea y, en España, el riesgo de padecer este tipo de pobreza ha aumentado en los últimos años, afectando a más de siete millones de personas.

Tal como ha señalado el Comité Económico y Social de la UE**,** "la energía es un bien común esencial y debe garantizarse un acceso mínimo para un uso básico, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna". Es preciso, adoptar medidas a corto plazo que garanticen el acceso mínimo a la energía para un uso básico, de aquellos hogares afectados por pobreza energética.

Rehabilitación energética y autoconsumo

Para combatir la pobreza energética deberían aplicarse medidas a más largo plazo, que abunden en los aspectos señalados en los Objetivos del Milenio (ODM). Entre estas medidas cabría señalar la rehabilitación energética de viviendas mediante programas de ayuda que permitan actuar de forma prioritaria hacia las familias más expuestas a la pobreza energética, que son precisamente las que utilizan sistemas de calefacción de baja eficiencia y con mayor gasto económico.

Asimismo, deberían adoptarse políticas de sustitución de las energías contaminantes por energías renovables que permiten la autogeneración de recursos energéticos propios. La solución a medio y largo plazo de la pobreza energética pasa por reducir de forma significativa los consumos energéticos, vía rehabilitación energética de viviendas y autogeneración de recursos energéticos propios con energías renovables (solar térmica, fotovoltaica y eólica).

Hoy en día es técnicamente posible y económicamente viable la instalación de energías renovables en la vivienda que reduzcan la dependencia energética y garanticen el acceso a la misma a todas las personas. Es una cuestión de política pública nacional. Tal como se establece en el Programa Hábitat "los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover, proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda adecuada".