_“El progreso y la desigualdad van de la mano” _Prof. A. Deaton, Premio Nobel economía 2015.
A finales de los años 90 empezó el desarrollo de la sociedad de la información. Se anticipaba, por aquel entonces, cómo serían las relaciones sociales en nuestro futuro cercano. Cómo se transformaría la actividad cultural, social y económica. Y sí, así ha sido. Las TIC han modificado las relaciones interpersonales, han acortado las distancias, se han reinventado los medios de comunicación e incluso la Administración Pública se ha adaptado a esta nueva realidad en su relación con el ciudadano.
Pero, ¿es así para todos? Según el Profesor Deaton en su libro El gran escape: “las mejoras que el mundo experimenta amplían la brecha entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no”.
A medida que avanza el desarrollo de la sociedad de la información también aparecen efectos negativos. La denominada brecha digital refleja el fenómeno de una parte de la sociedad que no puede acceder a estas tecnologías. Habitualmente, se evalúa este fenómeno recurriendo a datos cuantitativos: posibilidad tecnológica de acceso a internet, número de ordenadores por hogar, horas de navegación, velocidad disponible en las infraestructuras, etc. Estos datos son importantes para conocer el alcance de la brecha digital, pero sin embargo existe otra causa, el nivel social.
Bajo la perspectiva de las infraestructuras, el discurso de mitigación de la brecha digital centra sus actuaciones en aumentar la extensión de la red de fibra óptica o ampliar los nodos de comunicación, entre otras soluciones. Estos planteamientos no contemplan la situación social del ciudadano para acceder a la tecnología. Ninguna de estas medidas actúa sobre la brecha social. Además, las cifras de desigualdad social se incrementan debido al descenso en los niveles de renta, el desempleo y la precariedad laboral.
Esta causa social de la brecha digital dificulta al ciudadano las condiciones de acceso a la administración pública (notificaciones electrónicas, reciclaje laboral, banca electrónica). Los menores no pueden acceder a los contenidos educativos disponibles en la red, a las fuentes de información y ven restringidas sus relaciones personales por no poder acceder a las redes sociales.
La sociedad del conocimiento, la sociedad del futuro, se apoya en un pilar básico para su desarrollo que permanece subyacente: la energía. El desarrollo económico empresarial y la actividad diaria del ciudadano están soportados en la energía eléctrica como un servicio imprescindible. El acceso a la energía se torna en un derecho social.
Los cambios regulatorios del gobierno desde 2013 han elevado los costes fijos del recibo de la luz. El falso mercado libre de la energía es el otro ingrediente de la receta del coctel resultante, uno de los recibos de la luz más caros de Europa. Otra carga más para los hogares españoles que siguen sacudidos por una crisis interminable.
Un hogar está en situación de pobreza energética cuando la unidad familiar debe emplear más del 10% de sus ingresos para afrontar la factura energética de su vivienda. La asociación de ciencias ambientales ha elaborado tres informes sobre la situación de la pobreza energética en nuestro país. El primero fue en 2012 y desde entonces las cifras han ido en aumento. Más 5 millones de españoles estaban en pobreza energética en 2012. Fueron más de 7 millones en 2014 y ahora, en el último informe de 2016, se cifra en más de 8,5 millones de ciudadanos los que sufren esta desigualdad social.
Además, en el tercer informe se ha sido caracterizado la composición del hogar. Se ha identificado cómo es el consumidor más vulnerable. Se determina que está en los hogares con personas mayores, las familias monoparentales y las familias con 3 o más niños dependientes.
El acceso a la energía está considerado un objetivo fundamental para el desarrollo por Las Naciones Unidas. Con este fin la Asamblea ha declarado el decenio 2014-2020 como la “Década del Desarrollo Sostenible para Todos” e incluye la universalidad como una característica para el suministro eléctrico. La pobreza energética en nuestro país muestra una contradicción manifiesta con esta universalidad declarada por la ONU.
La desconexión digital debido a la pobreza energética aísla tecnológicamente a ciudadanos. Familias que están en situación de riesgo social y que deben renunciar a la conexión de internet porque dedican sus ingresos al pago de su factura energética o incluso porque tienen cortado el suministro en su hogar.
En 2014 tuve la oportunidad de promover en el Cluster RICAM un proyecto para conocer esta realidad en la Isla de Tenerife. Se trataba de una experiencia pionera en España. La iniciativa fue acogida por el Cabildo de Tenerife en las consejerías de Acción Social de Cristina Valido y de Sociedad de la Información de Magaliz López. Cinco zonas de la isla especialmente afectadas por el impacto social de la crisis fueron seleccionadas para la realización de talleres formativos. Estas sesiones fomentaban las competencias del ciudadano para el ahorro energético y económico en el recibo de la luz y testaban soluciones para la mitigación de la brecha digital por causas sociales. Con el reto económico de reducir al menos un 20% en el importe del recibo de la luz.
Los ciudadanos que asistieron fueron seleccionados por los servicios sociales de los ayuntamientos incorporados al proyecto. Incluso la materia despertó interés entre los propios trabajadores sociales. Por aquel entonces a las oficinas de Atención Social ya estaban llegando vecinos que, entre otras cuestiones, pedían ayudas para pagar los recibos de la luz y para reponer suministros eléctricos cortados.
Nuestro contrato con las compañías eléctricas tampoco es una herramienta que favorece el ahorro. El ciudadano no conoce el recibo de la luz, no lo entiende. Esto afecta toda condición social y cultural. He comprobado como personas, incluso algunas con preparación técnica, se manifiestan incompetentes para descifrar el recibo. El ciudadano es víctima de los sucesivos gobiernos que han elaborado, reformado y mantenido en vigor un recibo de la luz enrevesado.
Pareciera que el recibo de la luz hubiera sido urdido bajo el axioma de “quien algo oculta alto teme”. Encubre en su interior muchos impuestos, subvenciones, pagos por capacidad, interrumpibilidad y otros que, según el Gobierno, ni interesan, ni deben interesar al ciudadano. Se evita así explicar a la ciudadanía porqué del importe que pagamos en el recibo, solamente el 50% va realmente a costes de energía. Manifiestan incluso en sus informes que el Gobierno vetará cualquier medida que abarate el recibo porque eso haría recaudar menos impuestos.
Los resultados de esta experiencia piloto mostraba que la totalidad de los asistentes desconocía el recibo de la luz. En comparación con la facturación de telefonía las cifras eran totalmente opuestas; los vecinos entendían perfectamente el desglose de su factura de teléfono móvil. ¿cómo es posible ahorrar si no entendemos el recibo de la luz? Tras las actividades realizadas, el 80% se mostraba capaz de renegociar su contrato y el 95% había ganado habilidades en ahorro y eficiencia energética.
Aquella experiencia mostró vecinos con la luz cortada en sus hogares, niños y jóvenes sin acceso a las tareas y contenidos escolares, adultos que no podían reciclarse on line, dificultades para acceder a la administración pública, trámites bancarios y abuelas atrapadas en el engaño de vendedores despiadados, que las cambiaban de comercializadora encareciendo su factura energética. Tras las conclusiones el pleno del Cabildo de Tenerife aprobó una moción contra la pobreza energética. Aun sigue a la espera del desarrollo de un marco insular que extienda esta actividad a todo el territorio insular.
Entre los consumidores vulnerables que identifica el estudio de pobreza energética en España se encuentran familias con hijos a su cargo, nativos digitales. Hijos nacidos en el seno de una sociedad digital que estarán desconectados por causas sociales. ¿estamos propiciando un grupo de descastados digitales?
Abel Cedrés es Máster en energías renovables e Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero de Telecomunicación.
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