Un programa de prevención, vigilancia y monitorización de riesgos personalizado puede eximir a las empresas de responsabilidades penales ante delitos cometidos en su seno, un traje a medida que en el sector petrolero requiere de un enfoque integral que vele además por la seguridad y el medio ambiente.
Dos de los principales desafíos para las compañías que integran este mercado y que desde Cepsa viven a su vez como "valores", señala a Efe la directora de auditoría interna, oficina de ética y cumplimiento y riesgos de la firma, Cristina Fabre, que destaca la experiencia de la multinacional española con estos sistemas de control por su propia naturaleza.
Mecanismos en funcionamiento desde el inicio de su actividad que han sido reforzados al ritmo de las modificaciones en la normativa por otros más específicos, como el control interno de la actividad financiera, con carácter voluntario al no ser una empresa cotizada, o la lucha contra los ciberataques.
Junto a ellos, añade, está el "conoce a tu contraparte", con el objetivo de evitar que Cepsa opere con terceros que están sancionados a nivel internacional, así como otros sistemas propios de cada área que vienen a aumentar la eficacia del programa común de prevención de delitos.
Como Fabre, otros 300 profesionales en cumplimiento normativo han asistido esta semana en Madrid al "Día del Compliance Officer", organizado por la Asociación Española de Compliance (Ascom) en su primera edición.
Aún conscientes de que España todavía se encuentra lejos de los estándares anglosajones, países pioneros en la aplicación de estos programas, los expertos no pasan por alto los últimos avances, los cuales atribuyen al empuje de una "sociedad civil que exige, cada vez más, alzar la ética en todos los ámbitos".
En su discurso de inauguración, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, insiste en que contar con estos responsables, caracterizados por la "versatilidad" de sus funciones, supone un "incentivo que refuerza la credibilidad del mercado en el que operan", razón "más que suficiente" para disponer de la normativa necesaria que permita preservar "la cohesión y el orden social".
Entre éstos, apunta a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, la cual "va a suponer un cambio radical" al conceder un mayor amparo al trabajador que haga llegar indicios de irregularidades a través de los canales de denuncia.
Fabre ve "fundamental" que los empleados no sólo reciban formación como parte de los programas de cumplimiento, sino que conozcan "quién está detrás" de estos medios para "darles confort y asegurar que pueden acceder a ellos directamente".
En su opinión, la norma, en vigor desde el próximo 25 de mayo y que traspondrá el reglamento europeo, "abrirá la puerta a denuncias anónimas y aumentará el uso de los canales en España" incluso en empresas que hasta ahora lo estaban evitando.
"La lucha contra la corrupción en nuestro país es integral" sostiene Roldán, algo en lo que coincide con la directora de Recursos Humanos de Enusa, Begoña Díaz-Varela, que pone énfasis en la importancia de que sea el encargado de cumplimiento quien evalúe estas alertas o "semáforos en rojo".
Trabajo para el que los responsables precisan de "independencia y autonomía", señala Ignacio García-Márquez de Bosch España, quien se muestra a favor de tener "a los que mandan" en el comité de "compliance" para "concienciarles y hacer que el debate sea mucho más enriquecedor".
Sin embargo, estos profesionales advierten de que para que este "traje" surta efecto deberá "entallarse" a las propias características de la empresa -su actividad, tamaño, sector y relaciones internacionales-, motivos por los que piden precaución a la hora de concebir los programas ya que "no se puede exigir a un pequeña o mediana empresa lo mismo que a una multinacional".
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