Después de cinco meses, la Proposición de Ley que presentó el grupo parlamentario del PP para impedir el cierre de centrales eléctricas llega al Congreso para su debate y votación. No tiene muchas posibilidades de que salga adelante ya que no cuenta con el apoyo de los partidos de izquierdas.
Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos no comparte la propuesta de Ley del PP de ampliar las causas por las que se podría denegar el cierre de instalaciones de generación eléctrica a sus propietarios, mientras que el PNV ya ha adelantado que votará en contra.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, no ha querido desvelar si votará en contra o se abstendrá en esta proposición de Ley que también afecta a las centrales nucleares, pero ha avisado de que "tal como está configurada esta normativa no nos gusta".
La proposición de ley fue registrada a finales de abril, después de que el Ministerio de Energía, dirigido entonces por Álvaro Nadal, elaborara un real decreto para ampliar las causas por las que este Departamento podría negarse a autorizar el cierre de centrales de producción eléctrica.
Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro.
La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha defendido que esta iniciativa persigue garantizar que nos "suba más la luz" y ha argumentado que de la misma manera que una central eléctrica tiene que pedir todas las autorizaciones para abrir, tenga la misma seguridad para cerrarlas y "no sea una decisión empresarial unilateral".
En su opinión, de lo contrario se generaría inseguridad, subida de la luz y los consumidores se verían perjudicados.
No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su informe sobre el proyecto de real decreto elaborado por el Gobierno del PP, puso numerosas objeciones al texto del Ministerio, que en su opinión carecía de rango normativo suficiente para modificar la Ley del Sector Eléctrico.
Energía quería con este real decreto impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir Iberdrola, propietario de esta central nuclear con Endesa, desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.
Con las modificaciones propuestas por el anterior Ejecutivo, se podrá denegar el cierre de una central si su clausura incide negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.
Con respecto a las nucleares, cuyos titulares tienen que solicitar la renovación del permiso de explotación un año antes si quieren seguir con su actividad, se les aplicaría el mismo mecanismo no sólo en caso de solicitar el cierre, sino también si se cumple el plazo para pedir la renovación de la autorización de explotación sin que presenten la solicitud para continuar con la actividad.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha adelantado que votará en contra.
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