Las iniciativas para crear una comunidad energética local empiezan a dar sus primeros pasos. Aún son muy incipientes, y a excepción de la impulsada por Enercoop, que se ha convertido en la primera de España, todavía tienen que responder a muchos interrogantes, entre ellos, el de la necesaria regulación que les dé un marco normativo adaptado. Esta es una de las principales conclusiones de la Sesión “Fomento de Comunidades Energéticas Locales (CEL)” organizada por el IDAE.
“A día de hoy no sé decir exactamente qué es o que no es una comunidad energética local”, explicaba Joan Groizard, director general del IDAE, “porque puede ser un bloque de viviendas que se implica en incorporar elementos renovables, un polígono industrial que quiere tener una red eléctrica o termoeléctrica o que quiere optimizar el uso de la energía, un pueblo, incluso una zona portuaria o un aeropuerto… en el IDAE esperamos que lleguen esas experiencias”, para impulsarlas ya sea con asesoramiento técnico o con financiación.
La lista empieza a ser larga y a falta de una normativa, el organismo publicó hace unos meses la guía ‘Desarrollo de instrumentos de fomento de comunidades energéticas locales’, como “una interpretación inicial del IDAE que fomente esta figura y pueda avanzar al conseguir financiación y desarrollo”, explicó por su parte Luis García Benedicto, jefe del Dpto. de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red del IDAE.
En esa guía reconoce que hay diferentes tipos de comunidades energéticas, “están las que cuentan con grandes empresas y las que no, las locales y las generales o las comunidades de energías renovables, los sistemas de integración de energías o las comunidades que incorporan el almacenamiento (baterías) pero también las que utilizan el gas natural”, añadía García Benedicto, “el objetivo es poder abarcar todo tipo de asociaciones o cooperativas con casuísticas diferentes y que puedan acceder a las diferentes líneas de financiación que se ofrecen desde el IDAE “.
Y muy ligado a esas comunidades está la acuciante necesidad de la rehabilitación de los edificios en España. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Ministerio de Transición Ecológica y de la plataforma Energía y Sociedad, el sector de la construcción, desde 1990 hasta 2018, ha crecido un 9% pero sus emisiones se han disparado más de un 70%, y el parque de viviendas está tan envejecido que mejorar en rehabilitación energética casi debería convertirse en una obligación.
Y no solo por una cuestión medioambiental. Por ejemplo, si un edificio está bien aislado térmicamente se puede reducir hasta en un 70% la demanda de calefacción y refrigeración, lo que se traduciría en una disminución de la factura energética.
Por eso, las cooperativas de viviendas quieren ser protagonistas en esta transformación del sector de la construcción y de la energía. Juan Casares, presidente de Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (CONCOVI), advierte que “estas comunidades energéticas son la única opción viable para el impulso de la rehabilitación integral de edificios y barrios”, y las cooperativas de viviendas “es la alternativa cuando a un promotor privado el proceso de transformación de una vivienda no le es legítimamente rentable, no va a poder recuperar la inversión o sencillamente porque no le salen los números”.
En su opinión, “la rehabilitación es cosa de la economía social, pero si queremos rehabilitar los edificios en España y además fomentar las comunidades energéticas, que son más respetuosas con el medio ambiente y más comprometidas con una política de vivienda más social, más justa y más equilibrada, no podemos hacerlo solos, necesitamos el apoyo financiero público-privado, que demuestre que el proyecto es viable y además goza de la credibilidad de las instituciones públicas”.
Y para muestra un botón. CONCOVI han presentado dos proyectos en los que ya se ha comenzado a instalar el concepto de Comunidad Energética Local y donde el peso recae en la importancia de la eficiencia energética y la responsabilidad medioambiental: el Residencial Acequia de Mestalla en Valencia, como ejemplo de obra nueva, y la rehabilitación del casco antiguo del madrileño municipio de Alcalá de Henares, que ya cuenta con el respaldo financiero de entidades privadas y públicas.