El futuro de las centrales nucleares, el desarrollo de las energías renovables y la dependencia de los combustibles fósiles volvieron a evidenciar las diferencias entre los principales partidos políticos sobre el modelo energético que necesita España. La seguridad de suministro, que ha recuperado protagonismo tras el apagón eléctrico del pasado año y en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, centró buena parte del debate energético organizado por El Periódico de la Energía, con la participación de Juan Diego Requena, por el Partido Popular; Marc Pons, por el PSOE; Julio Utrilla, por Vox, y Mar González, por el Frente Amplio.
El encuentro puso de manifiesto dos planteamientos diferenciados. PP y Vox defendieron mantener el parque nuclear español como garantía de estabilidad y suministro continuo, mientras que PSOE y Frente Amplio apostaron por acelerar la transición hacia un sistema dominado por las renovables, con más almacenamiento y electrificación. Las discrepancias también se extendieron al papel del gas natural, el potencial del biometano y la necesidad de preservar las infraestructuras de combustibles fósiles durante el proceso de descarbonización.
El representante del PP, Juan Diego Requena, cuestionó que el despliegue renovable de los últimos años haya ido acompañado de una planificación suficiente para integrar toda la generación disponible y conectarla con los centros de consumo. El portavoz popular puso el foco en los vertidos de energía renovable y en el incremento de los costes de los servicios de ajuste, que cifró en unos 5.600 millones de euros.
Requena también alertó del aumento del gasto en gas destinado a generar electricidad. Según los datos que expuso durante el debate, las compras de gas para producción eléctrica habrían pasado de unos 1.500 millones de euros en 2018 a más de 6.300 millones en 2026. Para el PP, estas cifras reflejan las dificultades de un sistema que necesita generación gestionable para garantizar su estabilidad cuando la producción renovable no resulta suficiente.
Frente a este escenario, Requena defendió prorrogar la vida útil de las centrales nucleares y aplicar un criterio de neutralidad tecnológica que permita aprovechar todas las fuentes de generación que contribuyan a garantizar el suministro, reducir las emisiones y ofrecer precios competitivos. El portavoz también reclamó una planificación eléctrica que permita acompasar el crecimiento de la generación con las necesidades de consumo de la industria.
Por su parte, Marc Pons defendió la estrategia energética del Gobierno y reivindicó los resultados del despliegue renovable de los últimos años. El representante socialista sostuvo que España ha conseguido una posición de ventaja competitiva gracias a las inversiones en energías limpias y aseguró que esta transformación ha permitido reducir la factura energética del país.
Como argumento, Pons citó un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), según el cual España se habría ahorrado 23.000 millones de euros en compras de gas gracias a las renovables. También defendió que los consumidores industriales electrointensivos españoles disfrutan de precios eléctricos un 25% inferiores a la media europea.
El PSOE mantiene su apuesta por el calendario de cierre nuclear vigente, con horizonte en 2035, y considera que prolongar el funcionamiento de las centrales podría restar atractivo a las inversiones renovables. Pons defendió que la prioridad debe ser continuar instalando nueva capacidad renovable y desarrollar el almacenamiento para aprovechar mejor la generación disponible y reducir la necesidad de recurrir a los ciclos combinados.
Desde Vox, Julio Utrilla coincidió con el PP en la defensa de la energía nuclear y reclamó recuperar la neutralidad tecnológica para configurar el mix energético. El portavoz criticó el modelo energético de los últimos años, al que responsabilizó de la pérdida de competitividad industrial, el encarecimiento de las facturas y la inestabilidad del sistema eléctrico.
Utrilla defendió mantener todas las centrales nucleares actualmente operativas y cuestionó que España pueda prescindir de esta tecnología sin comprometer la estabilidad del sistema. En materia de almacenamiento, mostró su preferencia por las centrales hidroeléctricas de bombeo frente a las baterías, al considerar que ofrecen una solución más duradera y asequible a largo plazo.
La portavoz del Frente Amplio, Mar González, defendió acelerar el despliegue de las renovables, el almacenamiento y las redes eléctricas, pero reclamó que los nuevos proyectos cuenten desde el principio con la participación de los municipios y la ciudadanía. Entre sus propuestas planteó que los ayuntamientos y las comunidades energéticas puedan participar en el 20% del capital de las grandes instalaciones renovables o recibir rentas equivalentes.
González rechazó prolongar la dependencia de los combustibles fósiles y cuestionó la conveniencia de mantener las centrales nucleares más allá del calendario previsto. La portavoz defendió que los recursos públicos deben priorizar las tecnologías renovables y las soluciones de almacenamiento, además de apostar por la electrificación de los hogares y la industria.
Argelia, Estados Unidos y el biometano: las alternativas al gas importado
La dependencia exterior del gas natural fue otro de los asuntos abordados por los representantes políticos. España cuenta con una posición destacada en infraestructuras gasistas, con siete plantas de regasificación y una capacidad que representa cerca del 30% del total de la Unión Europea. Sin embargo, la necesidad de importar prácticamente todo el gas que consume obliga a mantener una estrategia de diversificación de proveedores y a explorar alternativas de producción nacional.
En este contexto, los cuatro partidos reconocieron la importancia que seguirá teniendo el gas en el sistema energético durante los próximos años, aunque discreparon sobre el papel que debe desempeñar a largo plazo y la velocidad a la que debe reducirse su consumo.
El PP defendió mantener las relaciones con Argelia, aprovechar al máximo las infraestructuras existentes y diversificar los proveedores para evitar concentrar los riesgos en un único suministrador. Requena también reclamó aprovechar las redes gasistas para facilitar la incorporación progresiva de gases renovables, especialmente el biometano, un sector en el que considera que España dispone de un potencial todavía insuficientemente desarrollado.
En la misma línea, el PSOE apostó por mantener las relaciones con Argelia y aprovechar la diversificación que proporciona Estados Unidos, aunque defendió que la estrategia a medio y largo plazo debe pasar por sustituir progresivamente el gas fósil por alternativas renovables producidas en España. Pons señaló el biometano como una de las oportunidades para reducir la dependencia energética exterior y aprovechar los recursos disponibles en el territorio.
Vox también reclamó impulsar la producción nacional de biometano, pero vinculó su desarrollo a la eliminación de las trabas administrativas y a una revisión de las restricciones existentes para explorar y explotar recursos energéticos en España. Utrilla criticó que el país cuente con un número de plantas de biometano muy inferior al de otros Estados europeos y atribuyó parte del retraso a los largos plazos de tramitación administrativa.
El portavoz de Vox aseguró que los permisos para poner en marcha una planta pueden demorarse cerca de tres años y defendió que España debería aprovechar especialmente los residuos de su sector ganadero para producir biometano e inyectarlo en las redes de gas. También reclamó revisar la normativa que prohíbe la exploración y explotación de determinados recursos energéticos nacionales.
El Frente Amplio, en cambio, puso el acento en la electrificación como principal vía para reducir el consumo de gas. González consideró que el biometano puede contribuir a diversificar el suministro, pero advirtió de que su potencial no es suficiente para sustituir al gas convencional a gran escala. Además, reclamó que su producción se desarrolle con garantías ambientales, trazabilidad de las materias primas y beneficios para los territorios donde se instalen las plantas.
La portavoz también distinguió entre seguridad de suministro y asequibilidad. A su juicio, España tiene garantizado el abastecimiento gracias a sus infraestructuras de regasificación, pero no puede asegurar que el gas llegue a precios competitivos, ya que estos siguen condicionados por los mercados internacionales. Como ejemplo, González señaló el impacto de la guerra de Irán y aseguró que el precio del gas había aumentado un 75% en Europa, hasta situarse en torno a los 90 euros por megavatio hora.
Las refinerías españolas, un activo estratégico ante la incertidumbre internacional
El abastecimiento de diésel, queroseno y otros derivados del petróleo completó el bloque dedicado a la seguridad de suministro. Los conflictos internacionales y las tensiones en los mercados de materias primas han vuelto a poner de manifiesto la importancia de contar con capacidad industrial propia para garantizar el suministro de combustibles.
En este apartado, el PP puso en valor la capacidad de refino española y defendió que el país ha conseguido mantener unas infraestructuras industriales que otros Estados europeos han ido reduciendo. Según los datos expuestos por Requena, España conserva una capacidad de refino de aproximadamente 79 millones de toneladas, un activo que considera fundamental para garantizar el abastecimiento de gasolina, queroseno y productos destinados a la industria química.
El representante popular defendió que estas instalaciones pueden seguir desempeñando un papel estratégico durante la transición energética y adaptarse progresivamente a las necesidades de un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.
Desde Vox, Utrilla también defendió mantener la capacidad de refino nacional y atribuyó parte del encarecimiento de los combustibles a la reducción de instalaciones industriales en otros países europeos. El portavoz cuestionó que el proceso de electrificación y descarbonización se esté desarrollando a un ritmo que, a su juicio, no tiene suficientemente en cuenta las necesidades actuales de abastecimiento.
Por su parte, el PSOE y el Frente Amplio incidieron en la necesidad de reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar los recursos energéticos nacionales. Durante el debate también se puso de manifiesto que España continúa necesitando importaciones de productos petrolíferos: González señaló que en 2026 se había importado el 20% del diésel consumido y un tercio del queroseno.
La discusión sobre los combustibles volvió a reflejar las diferentes prioridades de las formaciones políticas. Mientras PP y Vox reivindican el mantenimiento de las infraestructuras existentes como garantía de suministro y competitividad industrial, PSOE y Frente Amplio ponen el acento en reducir progresivamente la demanda de productos fósiles mediante la transición energética.
El debate dejó así sobre la mesa una cuestión que trasciende el calendario de cierre de las centrales nucleares: cómo garantizar que España disponga de energía suficiente, competitiva y segura mientras avanza en la descarbonización de su economía. La respuesta sigue dividiendo a los partidos, tanto en la configuración del mix eléctrico como en el papel que deben desempeñar el gas, el biometano y las infraestructuras de combustibles durante los próximos años.






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