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Es un proceso de sobra conocido el hecho de que los países de bajos y medianos ingresos dependientes de los recursos generados mediante la explotación de minerales e hidrocarburos, alcanzan peores resultados socio-económicos que países similares sin riquezas minerales. Esto se conoce como la maldición de los recursos. En esencia, los efectos son un débil crecimiento económico, pobreza, desigualdad, instituciones frágiles, mal gobierno, inestabilidad política y corrupción a gran escala.

En el pasado, la maldición de los recursos se explicaba usando modelos económicos: el desvío de las inversiones hacia la industria extractiva y el aumento de las exportaciones -que aprecia la moneda local- genera una reducción de la competitividad económica y la desindustrialización del país.

Hoy en día, la maldición de los recursos se considera principalmente un  fenómeno político, que se puede explicar mediante el problema principal-agente, exacerbado en  países con debilidad institucional. En esencia, el agente (el gobierno) actúa en su propio interés, en lugar de buscar el mejor resultado para el principal (los ciudadanos). Los recursos generados por la actividad extractiva proporcionan a los gobiernos una fuente de ingresos que es independiente de los impuestos a los ciudadanos. Como el Estado no tiene que gravar a los ciudadanos, no se desarrollan instituciones fuertes y eficientes inherentes a la recaudación de impuestos.

Por otra parte, como la contribución económica de los ciudadanos al gobierno es escasa, éstos están poco interesados en exigir rendición de cuentas al gobierno, lo que impide el escrutinio público y las demandas de eficiencia de la ciudadanía. Como consecuencia, los gobiernos aplican políticas en las que los ciudadanos comunes tienen poca influencia. La debilidad institucional y la falta de rendición de cuentas conllevan que los burócratas tengan fuertes incentivos para ser corruptos.

En conclusión, si no se gestiona adecuadamente, la abundancia recursos genera débiles instituciones y crea oportunidades para la corrupción y la mala gestión. No obstante, Botsuana, uno de los países más ricos en recursos naturales, es uno de los países más exitosos de África. ¿Cómo ha escapado de la maldición de los recursos? La existencia de instituciones fuertes y eficientes, y los bajos niveles de corrupción, están vinculados a sus resultados económicos.

Se necesitan instituciones fuertes y eficaces para poner fin a la maldición de los recursos, para alcanzar esta meta la transparencia se considera como un primer paso necesario. La transparencia reduce las asimetrías de información, consecuentemente decrecen los problemas asociados con la teoría principal-agente, pues el ciudadano está en mejor posición de controlar al gobierno. También está vinculada con una sociedad civil exigente; cuanta más información esté disponible más demandas de rendición de cuentas existirán. Al aumentar el coste para las administraciones públicas de tomar decisiones negativas, los gobiernos se ven obligados a aplicar políticas más justas y eficientes.

En teoría, cuando las instituciones responden a las demandas de los ciudadanos, son capaces de mejorar los resultados socioeconómicos y son menos corruptas, lo que aumenta el apoyo popular y genera estabilidad. En consonancia con esta idea, grandes líderes mundiales han apadrinado la creación de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés).

La EITI establece un estándar internacional sobre la transparencia de la industria extractiva. Con tal fin, promueve la divulgación pública de todos los pagos realizados por las empresas extractivas a los gobiernos anfitriones. A su vez, los gobiernos publican cuánto reciben. Un auditor independiente compara las cifras. El proceso es administrado por un grupo formado por múltiples actores, entre ellos sociedad civil, empresas extractivas y funcionarios del gobierno. Actualmente hay 48 países ricos en recursos naturales que implementan la EITI y 16 países candidatos.

A pesar de su éxito relativo, la EITI ha sido criticada por su falta de eficacia en la lucha contra la maldición de los recursos y la corrupción. En opinión del autor, estas críticas no son justas, pues la EITI por sí misma no es suficiente y debe complementarse con otras medidas. La EITI es solamente un primer paso, pero representa un esfuerzo audaz para mejorar la gestión de los ingresos petroleros.

Además, su aplicación ha dado lugar a notables logros. Por ejemplo, en Nigeria los informes de la EITI revelaron que una empresa adeudaba 8.300 millones de dólares en impuestos durante el período 2009-2011. En Liberia, los informes de la EITI descubrieron que las concesiones petroleras y mineras se otorgaron ilegalmente en 62 de las 68 concesiones ratificadas por el parlamento de Liberia.

En conclusión, el autor recomienda la implementación de la EITI en los países ricos en recursos naturales, pues ayuda a evitar la maldición de los recursos y facilita que los ingresos originados en los recursos naturales aumenten el bienestar de los ciudadanos.

Pablo Cano Trilla es Oil & Gas Associate en el London Centre of International Law Practice.

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