La transición hacia un modelo energético sostenible es una prioridad global. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de España representa un esfuerzo significativo en este sentido. El PNIEC contempla un gran despliegue de renovables hasta cumplir con una proyección de 81% de generación verde en 2030 (+30 puntos desde el 50% en 2023) que generarán 160 GW de renovables.
Para gestionar un sistema eléctrico con una penetración tan fuerte de energías limpias, el Plan prevé un despliegue de almacenamiento por baterías de 22 GW en 2030 que otorgue la necesaria flexibilidad. Sin embargo, el marco regulatorio en España todavía no envía las necesarias señales de inversión para el despliegue de esta nueva capacidad. Es esencial contar con un sistema de almacenamiento robusto que equilibre la variabilidad inherente a fuentes como la solar y la eólica.
Si bien es cierto que el esfuerzo normativo de la CNMC para favorecer los permisos de demanda flexible en la red de distribución, a través de la recién publicada Circular 1/2024, supone un paso hacia delante, es necesario que la regulación siga evolucionando con el objetivo de lograr un marco regulatorio claro y flexible para las instalaciones de almacenamiento energético. De ello depende la inversión en almacenamiento y la sostenibilidad real de la soberanía y transición energéticas.
Propuesta de la CNMC
En este sentido, lo incluido en esta reciente propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los patrones de funcionamiento de las instalaciones de almacenamiento para la determinación de la capacidad de acceso a las redes de distribución presenta algunos desafíos adicionales.
La propuesta de la CNMC, que sugiere patrones operativos rígidos para el almacenamiento, podría limitar la flexibilidad necesaria para adaptar estas instalaciones a las características específicas de cada región y a las fluctuaciones en la demanda y la oferta energética.
Un enfoque rígido no solo podría comprometer la viabilidad económica de los proyectos de almacenamiento, sino que también podría afectar a la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico. Según la Asociación Europea para el Almacenamiento de Energía, se estima que para 2030 en toda Europa habrá instalados más de 120 GW de almacenamiento en baterías, frente a los 20 GW instalados en 2023. Sin embargo, las restricciones propuestas por los patrones de funcionamiento de la CNMC podrían reducir la rentabilidad de las instalaciones de almacenamiento entre un 23% y un 30%, poniendo en peligro la inversión en una tecnología crítica para la transición energética.
Por lo tanto, un enfoque más dinámico y específico en la regulación del almacenamiento de energía sería un indicativo beneficioso y de apoyo para la comunidad de inversores en esta tecnología. Esto implica desarrollar un esquema que contemple las particularidades de cada nudo de la red, adaptándose a factores como la concentración de generación renovable, la demanda local y las características estacionales y horarias de cada nudo. Solo de esta manera se podrá optimizar y flexibilizar el uso del almacenamiento contribuyendo así efectivamente a la estabilidad del sistema eléctrico. El almacenamiento está llamado a aportar esa flexibilidad tan necesaria en el sistema y, por ello la regulación debe asegurar este aspecto crítico.
Patrones de funcionamiento
La implementación de sistemas de regulación (como el SRAP o SRAD) que faciliten una operación óptima de las instalaciones de almacenamiento y de la red de distribución puede ser una solución viable. Estos sistemas permitirían una mejor gestión de la flexibilidad, reducirían costes y aumentarían la viabilidad de los proyectos de almacenamiento, contribuyendo a una transición energética más eficiente.
Asimismo, consideramos que los patrones de funcionamiento propuestos deberían aplicar exclusivamente a la energía de la batería ofertada en el Mercado Diario (D-1), permitiendo al almacenamiento participar en los mercados de servicios de ajuste y balance. De este modo, se favorecería la estabilidad del sistema, reducirá los costes operativos y limitará la rigidez que afectaría al modelo de negocio del almacenamiento.
Además, una colaboración entre todos los agentes involucrados en el despliegue de almacenamiento energético en España es fundamental para poder avanzar hacia ese marco regulatorio que impulse la inversión en tecnologías de almacenamiento y asegure una transición energética exitosa.
En conclusión, el éxito del PNIEC y el cumplimiento de sus metas dependen en gran medida de la capacidad de España para implementar un marco regulatorio que potencie la inversión en almacenamiento energético y que dé flexibilidad para una operación de estas instalaciones en el mercado que maximice el impacto positivo para el sistema. Por ello, creemos que la propuesta de la CNMC necesita evolucionar hacia un enfoque que permita aprovechar el potencial que las baterías pueden aportar al sistema y no reduzca la rentabilidad de estos activos. Esto garantizaría una transición energética eficiente y sostenible, capaz de responder a los retos del futuro.
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