El Gobierno acaba de publicar una resolución por la que pone en marcha la disposición adicional sobre la remisión de información por los
distribuidores de electricidad sobre cortes de suministro, relacionada en el RD 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura de
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
El texto de la disposición adicional rezaba así: "Los distribuidores remitirán con carácter anual, en el primer trimestre del año, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actual Ministerio para la Transición Ecológica) información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos, que se hubieran llevado a cabo durante el año anterior. A estos efectos, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas se podrá establecer un formato y modelo para la remisión de información".
Es por ello, que el pasado 18 de febrero, el Gobierno asegura que establecerá el formato y el modelo al que hace referencia la disposición adicional segunda para que los distribuidores de energía eléctrica envíen la información relativa a los cortes de suministro eléctrico que
hayan llevado a cabo durante el año anterior de puntos de suministro cuyo titular sea persona física, en su vivienda habitual, con potencia contratada inferior o igual a 10 kW.
"La información será remitida por los distribuidores a través de la aplicación informática que se habilite a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica, con el modelo y formato que se determine", explica la resolución del Gobierno.
Asimismo, para que no se pierda más tiempo, las distribuidoras podrán dar esta información a través de un Excel y enviarlo por correo al Ministerio.
En principio, esta información tiene que realizarse en el primer trimestre del año, pero como en este 2018 no va a ser posible, el Gobierno ha decidido estirar hasta el próximo 31 de mayo el plazo para que las distribuidoras informen de estos cortes de suministro realizados durante el año pasado.
Las compañías que no estén de acuerdo, tienen un mes para reclamar a la Secretaría de Estado de Energía.
De esta manera, el Gobierno acelera su apuesta en la lucha contra la pobreza energética.
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