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Las eléctricas alertan de que plan del Gobierno para los centros de datos frena la demanda y pone en riesgo inversión

Aelec defiende que si se imponen requisitos para el desarrollo de los 'data centers' que no existen en otros países, "se corre el riesgo de que esas inversiones se desarrollen fuera de España

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La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) ha mostrado su disconformidad con la propuesta de real decreto del Gobierno para regular el desarrollo de los centros de datos, advirtiendo de que la normativa, más que facilitar la incorporación de nuevos consumos, va en la línea para dificultarla, y subrayando que, además, pone en peligro las oportunidades de inversión para España de este negocio.

En un comunicado, la presidenta de la gran patronal eléctrica -de la que forman parte Endesa, EDP España o Iberdrola-, Marina Serrano, asegura que si se imponen requisitos para el desarrollo de los 'data centers' que no existen en otros países, "se corre el riesgo de que esas inversiones se desarrollen fuera de España, con el consiguiente impacto sobre la competitividad" del país.

Asimismo, defiende la importancia de incorporar nuevos consumos para el desarrollo económico y la transición ecológica. "España necesita más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda. Si queremos electrificar nuestra economía, aumentar la utilización de las renovables y reforzar nuestra autonomía energética, debemos facilitar la incorporación de nuevos consumos, no dificultarla", afirma.

En este mismo sentido, alerta sobre los efectos perjudiciales de frenar el consumo eléctrico en el sistema. "El mensaje es muy sencillo: más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menores costes para consumidores e industrias. Penalizar la demanda nos conduce exactamente al resultado contrario", asevera.

Asimismo, Serrano considera que la propuesta del Gobierno para regular los centros de datos "introduce un riesgo para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico".

Incertidumbre regulatoria

A este respecto, advierte también de que modificar las condiciones aplicables a proyectos que ya cuentan con permisos concedidos "genera incertidumbre regulatoria y puede afectar a la confianza necesaria para seguir invirtiendo en redes, renovables y nueva demanda".

No obstante, Serrano valora el impulso a las energías 'verdes' por el que apuesta el Real Decreto, aunque cuestionó el camino elegido para exigirlo a los usuarios.

"Es positivo que la norma contemple la incorporación de nuevas renovables, pero no por la vía de imponer obligaciones de generación a los consumidores que además no se sabe si van a poder cumplir. La función de la demanda es consumir electricidad y desarrollar su actividad económica; la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con más renovables, menos emisiones y mayor eficiencia corresponde al sistema eléctrico en su conjunto. Sería más deseable que los consumidores tuvieran incentivos para ser flexibles", afirma.

El desarrollo de los centros de datos

La pasada semana, el Gobierno lanzó a audiencia pública, por la vía de urgencia, el proyecto de real decreto, en el que propone exigir que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

El proyecto ha sido desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.

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Con esta iniciativa se persigue ordenar la implantación de los centros de datos ante el notable incremento de la llegada de proyectos, garantizando los mejores estándares para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones.

En este sentido, el Gobierno ha estudiado la problemática que se ha dado en otros países -como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos-, considerando así que es el momento oportuno para adelantarse a la regulación y esquivar esos posibles problemas.

La propuesta normativa recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

De esta manera, la normativa busca que se cumpla con los estándares de eficiencia hídrica y energética más exigentes, así como con los criterios de soberanía digital, tecnológica y capacidad de cómputo.

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