El sector público vuelve a poner un contrato muy goloso a las eléctricas españolas, en concreto a las comercializadoras. El Congreso de los Diputados ha convocado la licitación para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para los edificios de la Carrera de San Jerónimo.
Cualquier comercializadora eléctrica podrá acudir al concurso. Pero se ponen una serie de trabas que hacen más complicado que acudan. Por ejemplo, que hayan tenido contratos con instituciones públicas o privadas de tamaño parecido en los últimos tres años. O tendrán que mostrar sus cuentas y volúmenes de negocio de los tres últimos años. Las empresas comercializadoras que no tengan tres años de historia tendrán que esperar.
El contrato tendrá en cuenta los criterios económicos en un 90% mientras que el 10% restante es para los criterios medioambientales. Es decir, se tendrá en cuenta el porcentaje de origen renovable y cogeneración de alta eficiencia de la electricidad suministrada al Congreso de los Diputados.
La duración del contrato será por dos año, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. Además, la empresa adjudicada podrá acceder a un año de prórroga. Con esta duración, el valor estimado del contrato es de 5.130.909,06 euros.
Pero el presupuesto base de licitación es de 3.651.999,978 euros, incluido el IVA. Esta es la cifra mínima que se exigirá por el consumo eléctrico de todos los edificios, que asciende a más de 2,5 millones de kWh en el periodo C6.
Eso sí, las compañías tienen que aportar una serie de garantías económicas. Una provisional del 3% del importe de la licitación y una definitiva del 5% del importe de adjudicación, unos 250.000 euros.
Ahora las eléctricas estudiarán todas las cláusulas del contrato y podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 19 de noviembre.
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