Las refinerías se alían con la industria electrointensiva para evitar los altos costes por contaminar

Europa quiere reformar su Sistema de Comercio de Derechos de emisión de gases contaminantes. Quiere que el que quiera contaminar le salga más caro a partir de 2020. Y eso ha provocado un revuelo en el sector industrial europeo. Tanto es así que las refinerías de petróleo se han asociado con otras industrias de uso intensivo de energía para advertir que los planes de la Unión Europea suponen, en la práctica, un aumento de los costes de emitir dióxido de carbono. Su unión se ha concretado en la Asociación "Alianza para un ETS justo" que comprende 16 grupos de presión que representan a los sectores del cemento, vidrio, papel, productos químicos y metales.

Recuerdan que las consecuencias de apretarles aún más supone un aumento de los costes y por tanto, han advertido que podría producirse el efecto de la "fuga de carbono", como ha ocurrido en años anteriores, es decir, las empresas trasladan su fábricas a países en vías de desarrollo y emergentes y exportan desde allí hacia Europa al aumentarles los costes de producción.

"Eso es un mito, no hay ninguna de esas industrias que se hayan ido a otros países por aumentarles los costes de los derechos de emisión, porque no depende de ello sino de dónde esté la demanda de ese producto", señalan fuentes del sector ambientalista.

Sin embargo, las refinerías del petróleo y otros sectores industriales, que generan enormes cantidades de gases de efecto invernadero, han hecho un frente común para expresar las consecuencias a las que se encara Europa si aprueba el esperado aumento de los coste de la contaminación.

Y es que el tiempo corre en su contra. Los legisladores de la UE se reúnen a puerta cerrada este 12 de octubre para dar un paso más hasta llegar al compromiso de ser más ambiciosos con este sistema de comercio de emisiones, el instrumento emblemático de Europa para frenar el cambio climático, a partir de 2020. Y esa puerta cerrada para las negociaciones están provocando nerviosismo a las industrias electrointensivas.

Hay muchas previsiones sobre los precios en el mercado del carbono pero la mayoría apunta hacia un aumento significativo a lo largo de la próxima década. Según un estudio de BusinessEurope, el coste de emisión de una tonelada de CO2 podría aumentar hasta los 33-36 euros en el 2030 si se llevan adelante las propuestas de reforma que están actualmente sobre la mesa de Bruselas.

"Sobre el año 2000, a la Unión Europea el único mecanismo que se le ocurrió para internalizar las emisiones de CO2 fue el sistema de comercio de derechos de emisiones (aunque paradójicamente la idea inicial fue de EEUU), y ya entonces se decía que el precio debía de ser de unos 30-35 euros si se quería que fuera efectiva la medida", añaden las fuentes, "pero la realidad es que los gobiernos han regalado los derechos cada año, e incluso con la tenue reforma que se hizo en 2008, excluyendo de estos regalos a las centrales térmicas, apenas sirvió para que se revalorizaran esos derechos".

De hecho, el precio de un permiso de emisión se sitúa actualmente en torno a los 5 euros la tonelada, muy por debajo de los 30 euros que se consideran necesarios para estimular la inversión en tecnologías bajas en carbono.

El centenar de refinerías que hay en Europa emitió cerca de 140 millones de toneladas de CO2 el año pasado, y recibió 100 millones de licencias gratuitas, según datos citados por la asociación comercial Fuels Europe. Los operadores sienten que las apuestas señalan incluso objetivos más elevados que las conversaciones tripartitas que se están llevando a cabo entre los legisladores del Parlamento Europeo y los delegados de los gobiernos del Consejo de la UE.

Y por eso, la asociación comercial de refinadores de petróleo Fuels Europe ha emitido una serie de recomendaciones a los legisladores. Por ejemplo, piden que el número total de asignaciones disponibles gratuitas se incremente del 43% propuesto por la Comisión Europea hasta el 48%.

Hasta ahora, el acuerdo entre eurodiputados y gobiernos nacionales es el de acordar duplicar la tasa de exceso de permisos de emisiones previstos (MSR), que antes era del 24% al año. El objetivo de esta medida era para evitar el gasto de 2.500 millones de euros al finalizar la década en la que nos encontramos. Pero a partir de 2019 la cosa cambia y esto tendrá "un impacto temprano y directo" en el precio de los derechos de emisión, ha advertido la alianza.