Los 27 acuerdan retrasar un año los controles de metano a las importaciones de combustibles fósiles

Los países de la Unión Europea (UE) han acordado retrasar un año la entrada en vigor de varias obligaciones de control de las emisiones de metano vinculadas a las importaciones de gas natural, petróleo y carbón, con el objetivo de "evitar presiones adicionales" sobre la seguridad del suministro energético de la Unión Europea en un contexto de perturbaciones en los mercados por el conflicto en Oriente Próximo.

El Consejo de la UE ha fijado así su posición sobre la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 14 de octubre, respaldando sin cambios el aplazamiento planteado por Bruselas para determinadas exigencias de seguimiento, información y verificación de emisiones recogidas en la normativa comunitaria sobre el metano, aprobada en mayo de 2024 y en vigor desde agosto de ese año.

En concreto, los Estados miembro defienden que los importadores de gas, crudo y carbón comiencen a aplicar estos controles a partir del 1 de enero de 2028, en lugar de hacerlo en enero de 2027, como establece actualmente la legislación europea.

El acuerdo sobre el metano

El acuerdo también contempla retrasar hasta el 5 de agosto de 2029 la obligación de informar sobre la intensidad de las emisiones de metano asociadas a estos combustibles, tanto para los importadores como para los productores europeos, mientras que los límites máximos permitidos entrarían en vigor el 5 de agosto de 2031, un año después de lo previsto.

Más allá del aplazamiento, la posición de los Veintisiete establece que la Comisión deberá evaluar antes del 30 de septiembre de 2027 si existen las condiciones necesarias para aplicar las nuevas obligaciones, entre ellas un número suficiente de verificadores independientes que puedan comprobar los informes de emisiones y normas europeas que permitan intercambiar información entre productores e importadores.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el Ejecutivo comunitario podrá retrasar nuevamente, mediante normas de desarrollo, la aplicación de los controles sobre las importaciones. También podrá proponer cambios adicionales en la legislación si persisten las dificultades para ponerla en práctica o se detectan riesgos para la seguridad del suministro.

La reforma deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de finales de año, dado que las primeras obligaciones afectadas por el aplazamiento deberían comenzar a aplicarse el próximo 1 de enero.