La transición energética siguió avanzando en 2017, año en que el precio del petróleo se recuperó levemente y hubo dos 'megasubastas' de renovables en España, en el que se optó por cerrar la central nuclear de Garoña, los precios de la luz subieron por la sequía y se implantó un nuevo bono social.
La falta de lluvias y de viento, que hundieron la producción hidráulica y eólica -las más baratas-, impulsaron al alza el precio de la electricidad en España nada más comenzar el año.
A ello se unió una ola de frío que disparó la demanda eléctrica y el parón de varias nucleares en Francia, lo que obligó a usar más las centrales de generación por gas, que elevó los precios medios en el mercado eléctrico mayorista hasta los 71,5 euros de media -niveles que no se veían desde diciembre de 2013 y el doble que un año antes-, con puntas de hasta 110 euros en algunas horas del mes de enero.
La factura para un consumidor doméstico medio llegó a los 67,49 euros y, aunque no se ha vuelto a alcanzar esa cota, en noviembre se marcó el segundo precio mensual más alto de 2017 (según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), aunque sigue estando un 10,57 % por debajo de la de entonces.
Con el objetivo de intentar modular los precios, el Gobierno lanzó una batería de medidas para aumentar la liquidez en el mercado de gas y almacenarlo en los momentos en que es más barato.
También apostó por usar la interrumpibilidad, el pago que reciben las grandes empresas a cambio de interrumpir el consumo en caso de necesidad, como elemento modulador de los precios.
La escasa contribución de las energías renovables en años de meteorología adversa ha reabierto el debate sobre la necesidad de mantener otras fuentes de energía como respaldo y el Gobierno ha comenzado a trabajar para evitar cierres de las centrales menos "verdes".
Ya en este año, la decisión de Iberdrola, copropietaria de la central nuclear de Garoña, de no pedir la renovación del permiso de explotación, animó al Gobierno a optar por su cierre. La misma compañía solicitaba en noviembre cerrar sus últimas dos centrales de carbón en el mundo, la de Lada, en Asturias, y la de Velilla, en Palencia.
El Gobierno, ante el temor a que otras empresas puedan solicitar el cierre de sus plantas térmicas en España, como Endesa en Andorra (Teruel) y Compostilla (León), ya ha iniciado los trámites de un real decreto que amplía las causas por las que puede oponerse al cierre de centrales de generación eléctrica de cualquier tecnología.
Entre las nuevas causas estarán, además de la seguridad del suministro, el impacto en los precios y en el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
La nueva norma, que se aplicará a todos los cierres solicitados antes de la consulta que sobre el real decreto se abrió en junio, obligará al propietario que no quiera seguir explotando una central de interés para el sistema a venderla a un tercero.
Si no lo consigue, se subastará y, si tampoco así surge un comprador, tendrá que mantenerla a cambio de una compensación que se establecerá.
La capacidad renovable en España se verá ampliada tras las dos 'megasubastas' que se han celebrado este año, en las que se adjudicaron más de 8.000 megavatios (MW) que deben entrar en funcionamiento antes de 2020.
Al calor de las subastas, la compañía aragonesa Forestalia, que ya había ganado la puja celebrada en 2016, ha emergido como una nueva potencia del sector, con más de 1.900 MW adjudicados en las tres subastas celebradas tras la moratoria renovable, una en 2016 y dos en 2017.
Las subastas se han saldado sin primas, con lo que sólo recibirán la retribución del mercado y una rentabilidad razonable, que todo augura que el próximo año se revisará a la baja, debido al descenso de la prima de riesgo -a la que va asociada- con respecto a 2013.
El Gobierno puso en marcha en 2017 un nuevo bono social, que se aplicará en función de la renta y con descuentos de entre el 25% y el 100% en función de la vulnerabilidad del consumidor.
Este nuevo modelo se elaboró tras la sentencia del Supremo que dio la razón a las eléctricas y echó para atrás el anterior régimen de financiación.
Las eléctricas, no obstante, han recurrido también el nuevo mecanismo.
El sector petrolero ha vuelto al optimismo tras la recuperación de los precios impulsada por el acuerdo de la OPEP y otros productores para congelar la producción, que este año se ha acordado extender hasta finales de 2018.
Las grandes petroleras, además, han retomado sus beneficios hasta noviembre y, a diferencia de lo que ocurría un año antes, ya ninguna está en pérdidas.
En el ámbito empresarial, Iberdrola se convirtió en el principal accionista (52,45%) de la nueva Neoenergía, que incorporó a Elektro, filial de la compañía española, y pasó a ser la mayor eléctrica de Latinoamérica por clientes.
Gas Natural Fenosa, que mudó su domicilio social a Madrid por el referéndum de Cataluña, vio cómo el Gobierno colombiano intervenía su filial Electricaribe.
Por su parte, Repsol anunció en marzo el mayor descubrimiento convencional de hidrocarburos en el estado de Alaska de los últimos 30 años en suelo de Estados Unidos y en junio comunicó el mayor hallazgo de gas en los últimos cinco años en Trinidad y Tobago.
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