Los cabildos consideran un objetivo “absolutamente estratégico” avanzar en la penetración de energías renovables en el Archipiélago, pero advierten de que esta meta debe “combinarse con el paisaje”. Por ello, a través de la federación que los representa (Fecai), propondrán un protocolo de actuación al Gobierno regional para poner límites a la implantación de parques eólicos en zonas de interés paisajístico si la isla en cuestión ha cumplido ya los objetivos de instalación de potencia fijados en la Estrategia Energética de Canarias para el periodo 2015-2025.
La iniciativa ha partido del Cabildo de Fuerteventura y ha sido asumida por el resto de corporaciones insulares, que tienen previsto aprobar el protocolo en la asamblea que debe celebrar la Federación Canaria de Islas el 19 de marzo. El Ejecutivo no solo ha acogido de forma positiva la idea, sino que, de hecho, la está aplicando ya por la vía de hecho en la isla majorera, según el presidente insular y también de la Fecai, Marcial Morales, según informa eldia.es.
El procedimiento propuesto por los cabildos consistiría en que, una vez alcanzado el mínimo de penetración de capacidad renovable en una isla -lo que ya ha sucedido en Fuerteventura-, deje de aplicarse el artículo de la Ley del Suelo que establece que, cuando un proyecto sea declarado de interés insular o autonómico por el Gobierno, pueda ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística.
Si la sugerencia es aceptada, los proyectos de renovables que se encuentren en esta situación tendrían que cumplir los trámites ordinarios, cuyo “primer paso”, destaca Morales, es “el respeto escrupuloso al correspondiente planeamiento municipal o insular”. No obstante, puntualiza el presidente de turno de la Fecai, “no se puede obviar que la mayoría de esos planes están obsoletos y fueron aprobados cuando el planteamiento energético era completamente distinto”.
El protocolo diseñado por la institución insular de Fuerteventura prevé, además, que el Ejecutivo canario se comprometa a “no iniciar ningún procedimiento de autorización de nuevas autorizaciones sin contar previamente con el cabildo y los ayuntamientos afectados”.
La palabra compromiso es clave para que se materialice el objetivo que persiguen los cabildos. Un protocolo no obliga jurídicamente con la misma fuerza que una norma, admite Marcial Morales, quien sin embargo se muestra convencido de que puede vincular al Gobierno de la misma manera en que lo hacen los convenios.
La atribución a la Administración autonómica de la competencia de declarar estratégicos proyectos “tiene todo el sentido”, remarca Morales. “Si una infraestructura es necesaria pero llega un momento en que ningún municipio la quiere, el Gobierno tiene que echar mano, aunque tenga desgaste político y siempre con criterios técnicos, de su potestad”, argumenta. No obstante, en el caso de los parques eólicos en espacios naturales, la posibilidad de instalarlos “en cualquier rincón de cualquier isla puede suponer un impacto sobre el paisaje”.
La intención de evitar que se ocasionen efectos perjudiciales a los valores paisajísticos se relaciona también con el criterio de los cabildos en el sentido de que estas instalaciones energéticas deberían ubicarse en zonas “próximas a pequeñas ciudades”, acercando así la producción al consumo.
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La solución pasa por desarrollar nuevas soluciones energéticas que no contaminen ni afecten al paisaje. Porque haberlas, las hay.