Las declaraciones de la ministra Teresa Ribera asegurando que el precio de la electricidad para la industria electrointensiva es "similar" al de la UE, han desatado la indignación del sector. "Que no diga la mismas tonterías que dijo en su momento Cristina Narbona, porque no es verdad", señalan a este diario fuentes de la industria, "a no ser que sea similar un diferencial del 20 euros/MWh respecto, por ejemplo, a Alemania".
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La industria se defiende y vuelve a denunciar que los elevados precios de la luz están lastrando los costes de su producción. "Queremos que las empresas electrointensivas tengan las mismas condiciones que las de nuestros competidores en países como Francia o Alemania", señalan.
Por eso, esperan como agua de mayo el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que les podría dotar de una protección muy parecida a la de sus homónimos vecinos, aunque el borrador que se conoce hasta la fecha no lo lograría, en su opinión, es insuficiente.
Este borrador incluía varias exenciones como la exención de los pagos por capacidad, de hasta el 100%, para los consumidores que además tengan la condición de interrumpibles, y del 70% para el resto o la exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los consumidores que sean proveedores efectivos de este servicio, pero también se pretendía incorporar nuevos coeficientes de pérdidas estándar de energía imputables así como el aumento de la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero.
El sector siderúrgico (Unesid) considera que la exención del pago por capacidad y la exención a los consumidores electrointensivos del pago por el servicio de interrumpibilidad que, en el mejor de los supuestos, supondrán 2 euros/MWh de alivio para la industria.
La gran industria (AEGE), por su parte, considera que hay incertidumbres presupuestarias por la compensación del CO2 y que quedan pendientes de desarrollo otros mecanismos que exigen un mayor rango normativo, como son los que afectan a la fiscalidad y a los peajes de acceso a redes que, de aprobarse, supondrían un impacto de 10 y 4 euros/MWh, respectivamente.
En esa misma línea se sitúa la industria química, quienes además piden ampliar las compensaciones por CO2 o reducir los peajes al consumo, pues en Francia son cinco o seis veces menores.
Otro de los apartados conflictivos es el relativo a los PPAs. El Estatuto señala que se_ ‘fomentará la contratación bilateral a largo plazo, en especial con generadores renovables no incluidos en el régimen retributivo específico’_.
"En el texto actual a quien favorece realmente es a las renovables, porque nos obliga al sector a firmar PPAs, es el chollo para ellos porque si estamos obligados sí o sí, podrán subir los precios a los que se negocien. Es como si en un barrio se les obliga a los vecinos a comprar los tomates a una verdulería cercana, sería normal que su dueño aprovechara esa obligación para subir los precios, porque de todos modos se los tienen que comprar".
"El éxito de los PPAs es que se nos ofrezcan a los industriales precios atractivos, y el RD del Estatuto no explica cómo, deja demasiado abierto este proceso", continúan, "lo que habría que preguntarse es por qué las eléctricas venden a precio de pool el agua o por qué la electricidad de terceros países, como Marruecos, es más barata que en España".
Otro de los caminos para conseguir mejores precios eléctricos es tener una buena cobertura en los mercados secundarios, pero "el diferencial de los futuros está en 14 euros/MWh respecto a Francia y Alemania", confirman las fuentes, "así que tampoco nos sirve para mejorar los costes".
Hace dos días, todo el sector se reunió con el Ministerio de Industria quien les confirmó que la nueva versión del Estatuto estaría aprobada para finales de junio. Pero no se lo creen.
"Nos han informado que ese Estatuto debe ser re-redactado con las recomendaciones del informe de la CNMC, pero el proceso de elaboración más la nueva revisión por parte de Competencia, su envío a la Comisión Europea y después su paso por el Consejo de Estado, hacen prever que no dará tiempo a que esté en la fecha prevista", añaden, "además, tenemos que contar con que el nuevo Gobierno que se forme tras las Elecciones Generales del pasado 28 de abril no será efectivo hasta mediados de junio, con lo que resulta complicado creerse que el Real Decreto pueda estar en el BOE a finales de junio".
En la reunión también les sorprendió que "no hubiera ningún representante del Ministerio de Transición Ecológica, más aún conociendo lo que su propia ministra piensa de lo que pagamos los industriales por el precio de la electricidad".
Todavía no saben cómo será el texto definitivo, pero tienen la esperanza de que recoja sus reivindicaciones para que no se vean lastrados por los altos costes energéticos que dejen fuera de juego a la industria española.
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