La Fiscalía portuguesa ha solicitado la suspensión de funciones de los presidentes de Energías de Portugal (EDP), António Mexia, y de su filial EDP Renovables (EDPR), João Manso Neto, por el caso que les imputa delitos de corrupción.
La suspensión de funciones forma parte de las medidas de coacción solicitadas al juez por el Ministerio Público en el llamado caso EDP, que investiga delitos de corrupción al implementar una medida que compensa económicamente la rescisión anticipada de contratos de adquisición de energía.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que imputa a Mexia y Manso Neto, en coautoría, la práctica de cuatro delitos de corrupción activa y de un delito de participación económica en negocio.
Por ello, solicita para ambos la suspensión de funciones en empresas concesionarias o de capitales públicos, así como de cualquier cargo de gestión o administración en empresas de EDP o controladas por este grupo, tanto en Portugal como en el extranjero.
Además, pidió una fianza de dos millones de euros para Mexia y de un millón para Manso Neto.
La Fiscalía también quiere que los dos gestores entreguen sus pasaportes para impedir salidas al extranjero y que se les prohíba la entrada a todos los edificios de EDP, así como contactar con cualquier implicado en el caso.
Para un tercer implicado en el caso, el administrador de Redes Energéticas Nacionales (REN) João Conceição, a quien se le imputan dos delitos de corrupción pasiva, el Ministerio Público pide igualmente la suspensión de funciones o, en su defecto, una fianza de 500.000 euros.
La defensa de los dos gestores de EDP solicitó recientemente que se apartase del caso al juez que lo tiene a su cargo, Carlos Alexandre, al considerar que existían dudas sobre su imparcialidad.
La investigación del "caso EDP" busca esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad al introducir en el sector eléctrico portugués los "Costes para Mantenimiento del Equilibrio Contractual" (CMEC), una compensación a la cesión anticipada de los contratos de adquisición de energía.
EDP, uno de los gigantes energéticos europeos, fue propiedad del Estado portugués hasta 2011, cuando se privatizó.
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