Ningún comentario España tiene las bases para electrificar su economía, pero no consigue trasladarlas al terreno. El Electrification Competitiveness Index, elaborado por We Mean Business Coalition (WMBC) con el apoyo de RMI, otorga al país 77 puntos sobre 100 en políticas y condiciones habilitadoras y apenas 52 en despliegue efectivo. Para María Mendiluce, CEO de la coalición, una parte de esa distancia es cuestión de tiempo, pero no toda: “los problemas de acceso a la red y las barreras económicas y administrativas son estructurales y requieren reformas adicionales”.
Redes saturadas
Las mayores brechas se concentran en las redes eléctricas, con 23 puntos sobre 30 en políticas frente a 13 en despliegue, y en el transporte por carretera, con 15 frente a 9 sobre 20. Sobre las redes, la directiva advierte de que “el problema no se resolverá por sí solo” y relata que las empresas trasladan a la coalición que la distribución está congestionada y sin margen para nueva demanda.
El Gobierno ha elevado por encima de los 17.000 millones la inversión en la red de transporte hasta 2030, un 144% más que la planificación vigente, y la demanda concentró el 41% de las 2.566 alegaciones. Mendiluce lo considera “un paso muy importante”, pero subraya que la inversión “por sí sola, no resolverá los cuellos de botella en las conexiones”. Una subestación o una línea nueva pueden tardar hasta una década en entrar en servicio, un plazo que no encaja con el calendario de una decisión industrial; de ahí la necesidad de liberar capacidad mientras tanto.
La experta propone dejar atrás el criterio de “primero en llegar, primero en ser atendido”. En Reino Unido, el regulador Ofgem ya antepone los proyectos más maduros, los que el sistema necesita y los que pueden conectarse antes. España ha dado pasos en esa línea con las categorías prioritarias del Real Decreto-ley 7/2026 y con la regulación de conexiones flexibles. Ahora, insiste Mendiluce, toca aplicarlo de forma efectiva.
El gas sigue ganando
El informe sitúa en el 34,6% el peso de impuestos y gravámenes sobre el precio de la electricidad, frente al 22,5% del gas doméstico. En declaraciones a este periódico, Mendiluce señala la diferencia de precios entre ambos, el llamado spark gap, como “el principal obstáculo para la electrificación del calor de proceso industrial”, y propone equiparar la carga fiscal de la electricidad con la del gas, o dejarla por debajo.
Con ese cambio ganarían rentabilidad las bombas de calor industriales, las calderas eléctricas o el almacenamiento térmico, tecnologías que, recuerda, “pueden funcionar con electricidad limpia producida en España, en lugar de depender de combustibles fósiles importados”. Alemania ya ha rebajado de forma permanente el impuesto eléctrico a más de 600.000 empresas manufactureras.
Objetivos por sector
El PNIEC fija que la electricidad alcance el 35% del consumo final en 2030, pero solo el transporte tiene meta propia. Mendiluce reclama objetivos sectoriales que den a las empresas “una trayectoria clara de transición y las señales necesarias para invertir”.
En la industria podrían medirse el peso eléctrico del consumo y la potencia térmica electrificada; en los edificios, las bombas de calor instaladas y las calderas fósiles retiradas cada año. Francia sirve de espejo: prevé que la electricidad pase del 37% del consumo industrial en 2023 al 47% en 2030.
Electricidad como escudo
El bloqueo del estrecho de Ormuz en marzo devolvió la seguridad energética al centro del debate europeo. Mendiluce sostiene que un país que compra fuera su energía en forma de combustible queda expuesto a cada sacudida de precios, argumentando que no es lo mismo depender de equipos que se compran una vez que de un combustible que se paga cada mes: si mañana se cortaran las exportaciones de paneles solares, los ya instalados seguirían generando durante décadas.
El razonamiento tiene traducción directa para España, que produce el 75% de su electricidad con fuentes limpias pero importa prácticamente todo el gas que quema su industria.
Electrificar también abarata la factura: quemar combustibles desperdicia en torno a dos tercios de la energía, mientras que motores eléctricos y bombas de calor hacen el mismo trabajo con una fracción. La Comisión Europea calcula que cumplir su objetivo para 2040 podría ahorrar a la UE hasta 260.000 millones de euros al año en combustibles fósiles.
Una ventaja por convertir
En TIME, junto a Jan Rosenow, Mendiluce sostiene que el coste y el acceso a la electricidad pueden redibujar el mapa industrial europeo. ¿Puede España atraer la inversión que hoy duda en Alemania o Reino Unido? “Sí”, responde. Hydnum Steel en Puertollano o la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Zaragoza, con hasta 4.100 millones de inversión prevista, apuntan en esa dirección. Pero la ventaja renovable, advierte, “solo se convierte en competitividad industrial cuando las empresas pueden acceder a electricidad asequible, fiable y en los plazos que necesitan”.
Cartera no falta. 245 compañías españolas tienen objetivos de reducción alineados con la ciencia, 189 de ellos validados por SBTi, y España colocó 24 proyectos en la primera subasta europea de calor industrial, más de un tercio del total. Falta que se materialicen. De cara a la COP31 de Antalya, Mendiluce cree que las empresas deben reclamar una fiscalidad eléctrica más equilibrada, conexiones más rápidas y “políticas estables y previsibles a largo plazo”.
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