Con el apagón nuclear programado para 2035, España se prepara para la salida progresiva de la energía atómica del sistema eléctrico y los municipios vecinos de las centrales afrontan el reto de reinventarse tras décadas de desarrollo económico vinculado a los reactores.
En la actualidad hay siete operativos: los dos grupos de Almaraz (Cáceres), los de Ascó (Tarragona), el de la central de Cofrentes (Valencia), el reactor de Trillo (Guadalajara) y el de Vandellós I (Tarragona).
Un total de 59 localidades forman parte de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares; el 42% de sus alcaldías están en manos del PP, pero hay alcaldes de prácticamente todos los colores políticos salvo Podemos, que defiende su particular apagón nuclear para 2024, cerrando los reactores según caduquen sus permisos de explotación.
No obstante, hasta 2035 las empresas propietarias podrán pedir prórrogas de su actividad, como ha hecho ya Almaraz: debería concluir en 2020 y ha solicitado que uno de sus reactores siga activo hasta 2027 y que el otro funcione hasta 2028.
El primer cierre de una central fue el de Vandellós I, tras un incendio, y le siguió la de Zorita (Guadalajara), la primera planta que se activó en España. El último acordado es el de Garoña.
El fin del 'monocultivo' de Garoña
El entorno de la ya clausurada central de Santa María de Garoña, al norte de Burgos, espera que se concreten los anunciados planes de reindustrialización de la zona. La incertidumbre genera inquietud en una comarca que durante décadas se ha nutrido casi en "monocultivo" de la energía nuclear y que mira al turismo rural como posible vía de escape.
La Junta de Castilla y León aprobó el pasado año un impuesto ambiental que grava el almacenaje de residuos nucleares y que reportará unos 15 millones de euros al año. Pero mantiene que sus planes inversores serán coordinados con los del Gobierno central, al que deja la mayor responsabilidad por haber tomado la decisión de un cierre que nunca fue querido por las autoridades autonómicas.
La actividad de Garoña se suspendió en 2012 y Valladolid apostaba por reanudarla si se reunían las condiciones de seguridad, pero tuvo enfrente al Gobierno vasco, reticente ante una nuclear enclavada a 40 kilómetros de Vitoria y 60 de Bilbao.
El municipio de Valle de Tobalina, en el que se asienta Garoña, respaldó ampliamente al PP en las últimas elecciones municipales, pero en las pasadas generales se ha observado un notable cambio de tendencia y el PP perdió veinte puntos porcentuales respecto a lo cosechado en 2016.
Almaraz
El entorno municipal de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) se decantó por el PSOE en las pasada elecciones generales, formación política que ganó en las nueve localidades que se sitúan en un radio de 10 kilómetros de la instalación energética.
Todas estas localidades, miembros de AMAC y que se benefician de las aportaciones económicas que realiza Enresa en compensación a los posibles efectos negativos de la presencia de Almaraz, ya saben las fechas en las que dejarán de funcionar sus reactores y el debate energético y las alternativas económicas y de empleo están muy presentes en esta campaña electoral, como ocurrió en las generales.
El PP extremeño siempre ha defendido la continuidad de la central más allá de cualquier "prorroguita", pues la central "no emite gases de efecto invernadero" y genera sinergia económica y de empleo. El empleo que crean las instalaciones de energías renovables -alternativa a la nuclear- no sustituye al de las plantas nucleares, sostienen los populares.
A esta posición se suma Ciudadanos, que ha mostrado su apoyo a que Almaraz pueda funcionar durante "el máximo tiempo posible", pero siempre ha remarcado su respeto a las decisiones empresariales y a buscar un plan alternativo.
El PSOE ha defendido su apuesta por las renovables, pero también su idea de que sin esta alternativa no se puede cerrar Almaraz de un día para otro por la fuerte repercusión económica y de trabajo para la comarca. Y Podemos, aunque contrario a la energía nuclear, aboga por dar respuesta a las necesidades de empleo de la comarca a través de renovables y de "otra industrialización".
Villar de Cañas, a la espera
El Consejo de Ministros, en 2011, designó a Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, pero el proyecto fue paralizado por el Gobierno socialista.
En la localidad, de alrededor de 400 habitantes y gobernada desde hace cinco legislaturas por el PP, siguen convencidos de que el silo nuclear se construirá en el municipio porque el país lo necesita y España paga cada día más de 70.000 euros a Francia por mantener allí los residuos nucleares.
En declaraciones a Efe, el alcalde José María Sáiz se ha preguntado dónde están los más de 1.200 millones de euros que se iban a invertir en la localidad y que finalmente no han llegado por la paralización “temporal” del proyecto. A su juicio, toda España y Europa ve necesario el ATC, menos el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.
El regidor recuerda que se invirtieron más de 200 millones de euros en un Vivero de Empresas que “nadie lo ha inaugurado” y lamenta que ha lamentado que buena parte de la veintena de empresas que se crearon al calor del proyecto “se ha ido” en los últimos años por la incertidumbre.
Entre tanto, la plataforma contra el ATC de Villar de Cañas sigue convocando marchas contra el silo cada año. El pasado mes de marzo se registró un terremoto de 2, 7 grados de magnitud en Villarejo de Fuentes, un municipio ubicado a 15 kilómetros de Villar de Cañas.
Víctor
22/05/2019