Nos encontramos en la recta final de la Conferencia del Clima de París, donde se intenta lograr, esperamos que con éxito, un acuerdo entre más de 190 países en materia de lucha contra el cambio climático. Las negociaciones, que han pasado ya al más alto nivel político, son de gran complejidad, pues suponen definir medidas que conduzcan hacia un modelo en el que se desacople crecimiento económico y emisiones, y hacerlo poniendo de acuerdo a un gran número de actores, en un ejercicio de responsabilidad colectiva sin precedentes. Son muchas las posturas que hay que acercar relativas al reparto de las responsabilidades, los mecanismos de transparencia, o la financiación, pero el esfuerzo merece la pena porque está en juego el futuro de nuestra sociedad y nuestro planeta.
Tradicionalmente, los países industrializados han emitido la mayor parte de los gases de efecto invernadero pero la contribución de los países no OCDE ha sobrepasado recientemente a los OCDE y, según las previsiones de la AIE, esta contribución seguirá en aumento de forma rápida. En el contexto actual, el Protocolo de Kioto (todavía vigente en su segunda fase hasta 2020) tiene potencial limitado, porque implica acción solo respecto al 14% de las emisiones globales, al comprometer un número limitado de países y no incluir grandes emisores como los EE.UU o China.
Reconociendo que a través de Kioto no era posible conducir el mundo por la senda de no superación de los 2ºC, el acuerdo que se pretende alcanzar en París, y que aplicaría a partir de 2020, extendería las obligaciones de mitigación a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo, aunque la aportación de cada uno variaría en función de sus capacidades y responsabilidades.
Según el informe de síntesis de Naciones Unidas, las contribuciones presentadas a lo largo de 2015 y con anterioridad a la COP (las denominadas INDCs) abarcarían cerca del 90% de las emisiones globales, con apenas 10 países ausentes entre los que destacan Venezuela o Uzbekistán. Basándose en este informe, la AIE durante su presentación del World Energy Outlook 2015 en Madrid, nos indicaba cómo el mundo se está moviendo hacia un sistema energético más eficiente y con menos emisiones, pero no al ritmo necesario y coherente con la meta referida de los 2ºC, por lo que es necesario hacer más.
La Unión Europea, en su conjunto, que se comprometió en Kioto a reducir sus emisiones en un 8% para la primera fase y amplió hasta un 20% para el 2020 en la segunda, ha venido liderando esta lucha con el establecimiento del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS), o la adopción de objetivos ambiciosos en materia de emisiones, energías renovables y eficiencia energética. Además, ha sido la región que ha realizado mayores esfuerzos, trasladados en gran medida a su sector energético, con la implantación de una gran diversidad de medidas en todos los subsectores tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda.
De cara a la COP 21, la UE ha continuado mostrando un elevado grado de compromiso, y ha acudido a París con un plan de acción que incluye como meta reducir sus emisiones de GEI al menos un 40% en 2030 (respecto a 1990). Según esta contribución, la UE sería en 2030 la región desarrollado con menor nivel de emisiones de CO~2~ relacionadas con la energía per cápita (con 4,7 tCO~2~ per cápita), muy por debajo de EE.UU (10,9) o China (7,1).
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