Pobreza energética, ¿problema social o sectorial?

Parece una realidad incuestionable que, ya bien entrado el siglo XXI, en una sociedad avanzada como la nuestra el suministro energético básico que precisa cualquier familia se haya convertido en un bien de primera necesidad, como lo son el poder disponer de una vivienda digna, el acceso al agua corriente o la alimentación.

Es también indudable y urgente que cualquier Estado avanzado ponga en práctica planes sociales específicos destinados a cubrir dichas necesidades en los casos en los que, por múltiples fallos existentes en nuestro modelo socioeconómico, determinadas familias o personas individuales no tienen acceso a los mismos. Se trata de un problema que debe remediarse de forma adecuada.

Existe bastante consenso entre todos los agentes sociales acerca de la afirmación anterior. No obstante, los problemas surgen a la hora de implementar de manera concreta estos planes. Un buen ejemplo de ello es la manera en que se aborda la denominada pobreza energética.

La pobreza energética, o falta de recursos económicos para asumir el coste de sus necesidades energéticas fundamentales, no es un problema sectorial, de la misma manera que no lo son el acceso a la vivienda, al agua corriente o a la educación.  Los poderes públicos son quienes deben asegurar el derecho de acceso a una vivienda y asegurar la protección económica de las familias. Enfocarlo como un problema sectorial, señalando como culpable del mismo a las compañías energéticas (grandes, medianas, pequeñas, tradicionales, jóvenes, nacionales, extranjeras…), provoca los siguientes efectos:

Imputa incorrectamente responsabilidades, pues se señala públicamente como culpable a un conjunto heterogéneo de agentes económicos como únicos causantes del problema: las compañías energéticas, que son quienes proveen el servicio bajo un marco legal e impositivo ciertamente amplio.

Reduce la dimensión y naturaleza reales de un problema social, pues se obvia la verdadera realidad subyacente, que es que, en un país avanzado como el nuestro, en pleno siglo XXI, existen familias en riesgo, en ocasiones consumado, de exclusión social. Y este hecho trasciende el comportamiento de las compañías energéticas y desde luego de las eléctricas.

Genera discriminación, como mínimo en sector eléctrico por cuanto atribuye esta responsabilidad de forma aleatoria a unos agentes, los comercializadores, y no a otros como distribuidores, los transportistas o los generadores, y genera desigualdades sectoriales y por tanto diferencias competitivas, principios fundamentales en nuestro derecho.

En ACIE (Asociación de Comercializadores Independientes de Energía) somos conscientes de la existencia de situaciones de pobreza, y sensibles a ella. Abogamos sin vacilaciones por el establecimiento de planes de apoyo a familias en riesgo de exclusión. Sin embargo, no podemos compartir un mecanismo de Bono Social supuestamente destinado a mitigar la pobreza energética que incurre en múltiples contradicciones, como la no inclusión entre sus beneficiarios de comedores sociales o centros de acogida que tienen una potencia contratada por encima de 3kW, mientras que puede beneficiar a las familias numerosas con rentas elevadas, aunque en modo alguno se encuentren en situación de vulnerabilidad. El problema de la pobreza no se genera porque la electricidad sea un bien extremadamente caro y por tanto el Estado deba compensar dicho coste, como puede ser el caso de un medicamento innovador y costoso, sino porque hay un grupo de personas que no tiene recursos económicos suficientes para afrontar sus necesidades vitales básicas.

Conviene recordar, llegados a este punto, que en países de nuestro entorno, la financiación del bono social se realiza a través de los peajes que los todos los consumidores abonan como parte de su factura eléctrica, como es el caso de Italia y Francia; o a través de la política social del Estado como en Alemania o Reino Unido.

Asumamos, por tanto, que la pobreza energética es una cuestión básica a resolver de nuestro sistema económico, no un problema exclusivo del sector eléctrico, y démosle la entidad que le corresponde. Creemos en consecuencia un fondo de ayuda a familias en riesgo de exclusión, completado incluso con aportaciones voluntarias de los contribuyentes, y dotémoslo de entidad propia dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Canalicemos dichas ayudas con los mecanismos habituales en materia tributaria y de apoyo social y no con otros procedimientos, que por ser ajenos al correcto funcionamiento de los mercados energéticos mayorista y minorista, producirán inevitablemente distorsiones, trato discriminatorio entre agentes e incluso efectos directos e indirectos contrarios a los objetivos de equidad social.

Joan Canela es presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE)