Política energética

Portugal refuerza las ayudas para contener el impacto de la crisis energética

El Gobierno del conservador Luís Montenegro mantiene además una rebaja fiscal equivalente actualmente a unos 23 céntimos por litro de gasolina y gasóleo

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Portugal refuerza desde este jueves las ayudas para amortiguar el encarecimiento de los combustibles, con un nuevo mecanismo que permitirá compensar hasta el 70% de los costes extraordinarios soportados entre octubre y diciembre por los transportistas, dentro de una batería de medidas dirigidas también a agricultores y familias vulnerables.

El Gobierno del conservador Luís Montenegro mantiene además una rebaja fiscal equivalente actualmente a unos 23 céntimos por litro de gasolina y gasóleo, impuestos incluidos, y calcula en más de 700 millones de euros el coste acumulado de esta medida desde el comienzo de la actual crisis energética.

Las medidas adoptadas en la vecina España se han convertido entretanto en una referencia recurrente para analistas, sectores económicos y medios portugueses a la hora de evaluar la respuesta de Lisboa.

Madrid ha aplicado una reducción fiscal mayor sobre los carburantes y acaba de ampliar su escudo frente a la crisis, con un esfuerzo presupuestario acumulado de más de 12.000 millones de euros en tres paquetes que incluyen medidas para hogares, empresas y sectores especialmente afectados.

La comparación resulta especialmente relevante por las diferencias de precios a ambos lados de la frontera.

La Entidad Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) portuguesa concluyó que, en el segundo trimestre, la gasolina y el gasóleo eran más caros en España antes de impuestos, pero resultaban considerablemente más baratos para el consumidor una vez aplicada la fiscalidad.

Según el regulador, los precios finales en Portugal superaban entonces a los españoles en 41,8 céntimos por litro en la gasolina y 25,1 céntimos en el gasóleo, una diferencia que atribuyó esencialmente a la mayor carga fiscal portuguesa.

Un estudio de la consultora EY publicado la semana pasada por el diario económico ECO estimó que equiparar la fiscalidad portuguesa sobre los carburantes a la vigente en España supondría para las arcas públicas lusas una pérdida de ingresos de unos 2.290 millones de euros anuales.

Ayudas al transporte y a las familias

El nuevo mecanismo portugués destinado al transporte público de pasajeros por carretera y a las empresas de transporte de mercancías permitirá compensar hasta el 70 % de los costes extraordinarios de combustible soportados entre este 1 de octubre y el 31 de diciembre.

El Ejecutivo ha prorrogado también hasta final de año la ayuda extraordinaria de diez céntimos por litro para el gasóleo utilizado por los sectores agrícola y forestal, con un coste superior a 15 millones de euros; y ha habilitado 13 millones para compensar el encarecimiento del combustible en la pesca.

Para los hogares más vulnerables mantiene la denominada "Botija de Gás Solidária", que subvenciona con 25 euros la compra de cada bombona de gas, con un máximo de dos mensuales y doce anuales.

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El Consejo de Ministros elevó la semana pasada hasta 5,75 millones de euros la dotación disponible para este programa hasta final de año. Desde 2024 ha contribuido a financiar unas 337.000 bombonas, más de 113.000 desde el comienzo (el pasado 28 de febrero) del actual conflicto en Oriente Medio, según datos oficiales.

El Ejecutivo sostiene que, desde el comienzo de la crisis, ha destinado más de 700 millones de euros de los ingresos adicionales generados por el IVA de los carburantes a reducir el impuesto sobre los productos petrolíferos (ISP).

Las medidas se producen mientras Portugal reclama también una mayor respuesta europea a la crisis energética. La ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, pidió esta semana en Bruselas que cualquier iniciativa comunitaria tenga en cuenta las particularidades de cada Estado miembro y la especial exposición portuguesa al encarecimiento de los combustibles.

La Comisión Europea ha defendido que las medidas nacionales sean temporales y estén dirigidas prioritariamente a los consumidores y sectores más vulnerables, mientras mantiene bajo vigilancia la evolución de los mercados energéticos ante la persistencia de las tensiones internacionales.

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