El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado que todavía no hay decisión oficial sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, y que “estamos en una fase en la que todo el que quiera opinar puede hacerlo”.
En una entrevista en Televisión Española, el jefe del ejecutivo ha citado a la Diputación de Álava, los gobiernos autonómicos de País Vasco y Navarra y las empresas responsables de la central como algunos de los actores que deben hacer sus aportaciones al debate, antes de la decisión final.
“El Gobierno tiene todavía un plazo mayor de seis meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central y “todavía no hay una decisión tomada”, ha añadido Rajoy.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió el pasado miércoles por cuatro votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que la compañía responsable, Nuclenor -participada por las eléctricas Endesa e Iberdrola-, cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento.
El ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según recordó el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.
Fuentes del departamento encabezado por el ministro Álvaro Nadal aseguraron la semana pasada que durante los próximos meses habrá “contacto y diálogo” con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas.
Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN.
El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años de vida útil para los que fue en principio construida.
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España no tiene una política energética clara y consensuada a nivel político. En esa situación se van poniendo parches y decisiones sobre la marcha que a la larga pueden salir muy caros.