El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra los dirigentes de entidades financieras y empresas energéticas por sus críticas a los nuevos impuestos planteados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del impacto de la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista.
"He escuchado a la señora Botín, al señor Galán... si protestan es que vamos en la buena dirección", ha defendido Sánchez desde el Complejo de la Moncloa durante la presentación este viernes del informe de rendición de cuentas del Gobierno de España, que lleva el título de 'Cumpliendo'.
El impuesto a las energéticas
Además, Sánchez ha señalado que estos empresarios son "los mismos" que protestaron y dijeron que subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y con la reforma laboral "se iba a caer España y a expulsar muchos trabajadores del mercado laboral". "Ha sucedido lo contrario", ha recalcado el presidente.
El presidente del Gobierno ha insistido este viernes en que las grandes empresas energéticas y las entidades financieras "deben ayudar al país a salir de esta situación, al igual que España ayudó a los bancos a salir de la crisis financiera". "Arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación", ha recalcado.
Por ello, las dos formaciones que conforman el Gobierno --PSOE y Unidas Podemos-- presentaron ayer en el Congreso una proposición de ley en la que se plantea gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios.
Los beneficios caídos del cielo
Gran parte de las grandes compañías energéticas y entidades financieras ya han manifestado su rechazo a los nuevos impuestos. Precisamente el**** presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido que las eléctricas "no tienen beneficios extraordinarios", tal y como acusa al sector el Gobierno.
Aunque la presidenta del Banco Santander, Patricia Botín, no se ha pronunciado públicamente sobre el nuevo gravamen a la banca, desde su entidad han alertado de que el nuevo impuesto a entidades financieras restará al sector capacidad para prestar 50.000 millones.
En este sentido, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, lamentó ayer en la presentación de resultados del segundo trimestre que el impuesto a la banca "estigmatiza al sector" y ha avisado de que, independientemente a quién afecte, la inflación no se combate con impuestos.
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha ido más allá y no ha descartado que su banco batalle jurídicamente por esta medida, aunque se ha mostrado prudente ante la falta de detalles sobre el anclaje técnico que finalmente tendrá. BBVA, que fue de los primeros en cuestionar el tributo, tampoco ha descartado recurrirlo judicialmente.
Pese a todo ello, el presidente ha recalcado que el Gobierno siempre antepondrá el beneficio de la mayoría social a los intereses particulares de cualquier minoría, ·por muy privilegiada que ésta sea.
"Este Gobierno no olvida para quién gobierna. Servimos a la clase media trabajadora, y, cuando sea preciso elegir, estaremos ahí para ellos, aunque seamos incómodos para algunos poderes", ha enfatizado.
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