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José Luis de la Fuente O’Connor.

La Transformación Energética en la que estamos inmersos a escala mundial nos debe conducir, si la voluntad de todos persiste en ese empeño las próximas décadas, hacia un abastecimiento de energía más barata, más descarbonizada —con menores emisiones de gases de efecto invernadero y menor polución—, más autóctona y cuya influencia en nuestro entorno natural sea lo menos lesiva posible.

Esos grandes objetivos, y la transición hasta conseguirlos —en un modelo además de mecanicista de recursos, asimismo social—, podrían también servir de impulsores y catalizadores de una profunda modernización ecológica, económica, social y conductual de las sociedades como las nuestras. ¿Por qué no aprovechar todo este monumental esfuerzo para introducir avances necesarios para el futuro del ecosistema productivo español? Veamos.

La transformación energética deberá cimentarse en unos avances técnicos innovadores de gran magnitud. También podría hacerlo en todos los impulsos que se puedan alumbrar para crear un gran número de nuevos puestos de trabajo de calidad, nuevas estructuras sociales más participativas y de compromiso con el proceso y nuevos esquemas de relaciones industriales, sociales y empresariales. Al cabo, en más calidad democrática y progreso moral y equitativo en nuestra sociedad que impidan que se potencie aún más la infame tendencia actual en la distribución de la riqueza, esencialmente entre los que más tienen, y se evite asimismo la afrenta humana que es la pobreza energética. Para ello es necesario una renovación que acarree un cambio sustancial en el gobierno corporativo de las empresas.

La situación de la que partimos en la actualidad para dirigirnos hacia ese horizonte no es buena. Desde la crisis de 2008 se han puesto en cuestión de forma simultánea, y contundente, varios aspectos clave de nuestro paradigma económico neoclásico basado en el perpetuo crecimiento, en la explotación sin límites de los recursos naturales y en la preponderancia absoluta de los mecanismos del mercado para resolver cualesquiera problemas de asignación de recursos, ajustando precios.

El desempleo en España sigue siendo brutal (a pesar de algunos negacionistas) y el estancamiento real de los salarios, cuando no una regresión de los mismos, más que evidente. Hay una conciencia cada vez más generalizada de que el capitalismo, el crecimiento económico expansivo, la sociedad de consumo o el productivismo, como se quiera, es insostenible e impugna radicalmente el actual statu quo de nuestro modelo de convivencia.

La pregunta habitual por el “hasta cuando” durará esto ya no se interroga solamente para la disponibilidad de recursos y fuentes de energía naturales y se desplaza del planeta y sus límites a las continuas burbujas (financieras, inmobiliarias, de corrupción, etc.), la inestabilidad que provocan, y al propio capitalismo.

Las oportunidades paralelas que puede proporcionar el impulso de llegar al norte que marca la brújula energética plantándose en un sistema de abastecimiento mucho más racional, acorde con la realidad biofísica de las leyes de la naturaleza, son formidables. Además de conseguir un cierto consenso en la aplicación de una hoja de ruta convenientemente estudiada y planificada desde los puntos de vista técnico y económico, parece aconsejable beneficiarse de su tirón para poner también a trabajar la política con acciones paralelas de innovación y progreso social que rescate al ciudadano del desamparo en el que se encuentra en muchos ámbitos, el energético incluido.

Estas acciones se deben orientar a un plus de facetas sociales que busquen compromisos en la responsabilidad democrática de los ciudadanos y en la organización y participación del trabajo en la gobernanza de los agentes económicos que operan en nuestra economía y tejido productivo e industrial. Su fin sería el que voluntariamente, mediante un nuevo contrato social, coadyuven a ese salto cualitativo que se apuntaba al principio y que ya se vislumbra no ya como justo sino como de auténtica emergencia social, al menos en España, dado el rumbo de los últimos años hacia la precariedad.

La empresa capitalista moderna es en esencia un proceso continuo de creación colectiva de riqueza, innovación científica y tecnológica, progreso humano y cohesión social. Es pues un agente y fuerza de cambio formidable es las relaciones industriales, productivas y creadoras de riqueza de nuestro país y de la UE. Es el agente ideal para nuclear, catalizar e impulsar el cambio en sentido amplio al que se refiere este escrito (no sólo el energético). Su gobernanza se puede orientar para ser un vehículo voluntario de ese cambio —y beneficiarse por ello—  en harmonía con el de cumplir sus objetivos societarios tradicionales y de remuneración del capital.

Las más variadas evidencias empíricas demuestran contundentemente que aquellas empresas donde su gobierno corporativo contempla, voluntariamente o no, —Alemania, Suecia, Austria, Francia (parcialmente)— la participación de los asalariados en los más altos órganos de toma de decisiones, vía la cogestióncodetermination o mitbestimmung— han superado mucho mejor la crisis económica, se orientan mejor a objetivos de creación de valor a largo plazo, adoptan decisiones mucho más responsables con un mínimo de conflictos, hay más igualdad de salarios y se producen en ellas bienes y servicios con un alto grado de innovación y más largo recorrido de utilidad.

Recientemente, legisladores de Bélgica, Francia, Suiza, Reino Unido, en Europa, y varios senadores en Estados Unidos, han presentado iniciativas parlamentarias para hacer más participativos a los asalariados en el gobierno corporativo del tejido productivo de sus países —a distintos niveles en función del número de empleados—. Su objetivo es servir de medio para vencer el estancamiento generalizado de los salarios de las últimas décadas, la deslocalización de empleos y la plaga de falta de inversión en capital productivo no financiero. Por no hablar de evitar el cortoplacismo crónico en la toma de decisiones que sólo beneficia a los directivos de alto nivel y pocas veces a los asalariados, accionistas e inversionistas.

La cogestión es un principio esencial de las relaciones industriales europeas. Se basa en el principio de decisiones colectivas responsables sobre fines a conseguir; es decir, democratizar el poder de decisión en las empresas, la capacidad de gestionarlas y el uso de los saberes organizacionales, científicos y tecnológicos, que son lo esencial del núcleo en el que se basa la autoritas de los dirigentes.

A nadie se le escapa ya que el mantra de los últimos lustros del gobierno corporativo de “maximizar el valor para el accionista” ha tenido unas consecuencias nefastas para el desarrollo económico y la globalización del comercio en el mundo. Ha aumentado la desigualdad de forma inequívoca y, en el caso español, sólo ha servido para deflacionar los salarios, aumentar la precariedad de los asalariados, la pobreza entre los menos favorecidos y descapitalizar de esperanza en un mundo más inclusivo a nuestra juventud —y a buena parte del tejido productivo que ha tenido que buscarse ese futuro fuera de nuestras fronteras—. Eso sí, ha hecho ricos de forma sobrevenida a muchos altos ejecutivos, consejeros y directivos mediocres cuya aportación real al avance tecnológico o económico de nuestro país, y al de las empresas que se lo han consentido, ha sido más que dudoso.

La transformación energética y su transición hasta conseguirla puede ser una oportunidad idónea para introducir un nuevo paradigma de gobierno corporativo —para empezar, en las empresas que se quieran adherir a esa macro empresa, o en aquellas sometidas a una regulación que afecte a un porcentaje importante de su cifra de negocios al respecto— que objetive mucho más decididamente y de forma vinculante la participación natural de los asalariados en la toma de decisiones a escala de Consejo de Administración —o mediante la creación de Consejos Consultivos o de Vigilancia (como en Alemania, Suecia, etc.), también vinculantes—. Ello, con su corresponsabilidad en la marcha y futuro de la empresa y su compromiso tácito por alcanzar acuerdos de amplio alcance para la protección del empleo y la vigilancia de ese buen rumbo futuro.

Los fútiles esquemas neo feudales actuales para conformar hoy muchos consejos de administración de empresas públicas y privadas —por mucho respaldo legislativo que ostenten— deberían dar paso a otros menos opacos y más efectivos, que si reflejasen la realidad económica y social de España y cómo afectan al desenvolvimiento futuro de la empresa en cuestión, así como su función social. No es de recibo el espectáculo tan habitual hoy de una corte de aduladores y vividores, paniaguados por el poder establecido, que esencialmente buscan eternizarse en el puesto, a la sombre del patrón de turno, y así amasar una fortuna a costa del esfuerzo, inteligencia y genio creador de los asalariados anónimos y comprometidos con el proyecto de la empresa.

Este nuevo rumbo del gobierno corporativo, en su necesaria diversidad según las regiones e idiosincrasia del negocio, debe poner en igualdad de condiciones para compartir información a la alta dirección de la empresa y a los asalariados y accionistas, debe buscar nuevos esquemas de solidaridad, propiciar la participación democrática en la toma de decisiones y potenciar la formación y capacitación para los nuevos desafíos que la propia Transformación Energética y el entorno tecnológico exigirán. También, para plantear esquemas retributivos que estrechen la brecha entre los altos directivos, gestores, o representantes del capital, con los distintos niveles de asalariados.

Al final, una empresa moderna, como se apunta más arriba, es nada más y nada menos que un proceso colectivo de creación de riqueza, con consecuencias económicas, sociales y ambientales para muchos, no para unos pocos.

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_José Luis de la Fuente O’Connor _es_ Doctor Ingeniero Industrial, MSc in Engineering-Economic Systems por la Universidad de Stanford y Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid._

He sido Vocal de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de la Transición Energética del Gobierno de España, en la que, entre otros asuntos, fui ponente del Modelo de Gobernanza.

www.jldelafuenteoconnor.es

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