SOMA-FITAG-UGT ha instado que España desarrolle un Pacto de Estado por la Energía que supere ciclos políticos, dando el impulso necesario para que Hunosa se convierte en la vanguardia de la transición energética como empresa pública energética y medioambiental.
Además, aboga por el aprovechamiento de las oportunidades sociales, económicas y ambientales que este proceso de transición energética y descarbonización ofrece, para completar el cambio de la estructura socioeconómica de unos territorios muy afectados por dicho proceso.
El sindicato minero asturiano ha realizado estos requerimientos en un comunicado en el que ha dado a conocer hoy sus aportaciones al proceso de consulta pública del Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), cuyo plazo ha finalizado este 4 de septiembre.
Soma parte de la necesidad de un Pacto de Estado por la Energía “moderno, riguroso, flexible, de medio y largo plazo, con seguridad jurídica, que dote de estabilidad al sector, de tal suerte que contribuya a ganar en productividad, competitividad -tanto industrial, como social-, viabilidad empresarial, y, por tanto, genere empleo estable y de calidad”.
Por un Pacto de Estado por la Energía
“Una transición ecológica justa solo podrá materializarse mediante la verdadera participación de los agentes sociales a través del diálogo y la negociación colectiva para poder así afianzar la participación de los trabajadores, ofrecer empleos de calidad y protección social a todas las personas implicadas en el proceso de la doble transición y garantizar la recualificación de las mismas”, subraya.
En lo que concierne propiamente al borrador de actualización del PNIEC 2023-2030, el sindicato minero señala que le hubiera gustado “un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de los dos primeros años del anterior PNIEC 2021-2030”.
A su juicio, éste serviría para ayudar a contextualizar el desarrollo del Plan que ahora se actualiza, con los nuevos requisitos y exigencias, y poder conocer variables tales como cuántos empleos se han creado en el periodo 2021-2023; cuánta inversión se ha producido, o qué repercusión sobre el PIB ha tenido el anterior Plan, indicadores que, “lamentablemente, no han sido cuantificados”, puntualiza.
“Seguimos insistiendo en la necesidad que se cumpla con los objetivos de cambio de la estructura socioeconómica de los territorios afectados por el cierre del sector de la minería, y por el cierre de las centrales térmicas”, recalca.
Por último, indica que, “dado que la energía es un factor fundamental para el desarrollo industrial, el proceso de descarbonización debe alinearse, inequívocamente, la política industrial y la energética, aprobando una nueva Ley de Industria como prioridad al inicio de esta nueva legislatura”.
2 comentarios
Estos eran los de seguir con el carbón hasta el infinito.
correcto .