Suspendido el juicio por estafa a las comercializadoras eléctricas por enfermedad del fiscal

El juicio contra una serie de comercializadoras de electricidad acusadas de estafar 61 millones de euros, que debía comenzar este martes, se ha suspendido hasta el próximo 19 de octubre por enfermedad del fiscal, ya que la complejidad de la causa impide que otro pueda ocupar su lugar.

Así lo ha explicado una representante del ministerio público, que ha asegurado además a la presidenta del tribunal que los acuerdos de conformidad alcanzados con la mayoría de los acusados siguen en pie hasta que se reanuden las sesiones, los días 19, 20, 21 y 22 de octubre en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares.

La trama habría ocasionado un perjuicio de 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol, según cálculos de Red Eléctrica Española (REE).

Según el escrito de acusación de 69 páginas al que ha tenido acceso EFE, la actividad se desarrolló mediante una estructura organizada de sociedades que captaba clientes, facturaba el consumo eléctrico y, posteriormente, dejaba de pagar parte de la energía y los servicios que debían abonar a otras empresas del sistema eléctrico.

El juicio, comercializadoras y los delitos

La Fiscalía, que identifica a 17 acusados a los que atribuye delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo, destaca como presunto cabecilla de la trama a Esteban Roig Padrosa, para el que pide 16 años de prisión.

De los más de 61 millones presuntamente defraudados, según ha cuantificado Red Eléctrica, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación, 17,29 a Naturgy y 4,84 a Repsol.

La trama habría desviado a distintas sociedades 50,3 millones de euros, cantidad que la Fiscalía atribuye a transferencias destinadas a ocultar fondos e introducirlos en circuitos económicos lícitos.

El perjuicio no se limitaba a las empresas productoras, indica la Fiscalía, ya que también afectaba a las distribuidoras y podía repercutir en el precio final de la electricidad.

El ministerio público sostiene que el objetivo era obtener beneficios ilícitos, desviar el dinero a otras sociedades y ocultar su destino, desde centros situados principalmente en Barcelona y Madrid.

Se constituían o adquirían empresas y se depositaban las garantías iniciales necesarias para comenzar a operar, creando una apariencia de legalidad. A continuación, se ofrecían precios muy bajos para conseguir un elevado número de consumidores y aumentar la facturación.

Una vez captada la clientela, las empresas reducían progresivamente las compras de electricidad, llegando en algunos casos, según la acusación, a adquirir solo un 5% de las necesidades previstas, mientras seguían facturando a sus clientes.

Cuando una comercializadora acumulaba impagos y era inhabilitada, se trasladaban clientes y parte de la actividad a otra sociedad para continuar operando.

Los fondos se transferían a sociedades vinculadas, cuentas bancarias y empresas patrimoniales, con el propósito atribuido de ocultarlos e introducirlos en circuitos económicos aparentemente legales.

El retraso de unos siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos, explica el escrito, permitía prolongar la actividad antes de conocer el alcance completo de la deuda.