Los sectores industriales en los países son como seres vivos que van madurando y reforzando su situación con el tiempo, tratando de defender sus posiciones consolidadas frente a la competencia global. A veces, desastres derivados de contiendas pueden destruir sus capacidades. En otras ocasiones, agresivas políticas industriales de algunos países pueden conseguir sus objetivos de desplazamiento de liderazgos pasados (China es un claro ejemplo en varios sectores). Pero lo que resulta incomprensible e imperdonable son algunas políticas de autodestrucción del propio tejido industrial, como parece ser el caso del Gobierno español con las energías renovables.
Estamos en el proceso previo a la elaboración de una Ley de Transición Energética que señale las líneas para la sustitución de la actual dependencia de combustibles tradicionales (fósiles y nucleares) que contribuyen al incremento de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera o que continúan generando residuos radioactivos cuya gestión y el obligado desmantelamiento de las instalaciones sigue resultando más que dudoso tras varias décadas de operación.
No hay dudas de que, por lo que respecta a la generación eléctrica, todas las inversiones en nueva capacidad en nuestro país serán renovables. La afortunada disponibilidad de recursos de viento, sol y agua y su natural complementariedad estacional podrían permitir, en primer lugar a la comisión de expertos y posteriormente a nuestros legisladores, ser mucho más ambiciosos en la velocidad del proceso de sustitución, dado que ya hay tecnologías, como las centrales termosolares, que sin impacto significativo en el coste, pueden proporcionar el respaldo a las renovables fluyentes, junto con políticas de gestión activa de la demanda, con los contratos de interrumpibilidad y con el refuerzo de las interconexiones.
Sin embargo, ese camino irreversible de incorporación creciente y acelerada de las tecnologías renovables limpias, que tan positivos impactos tendría además para la dinamización de nuestra economía y la generación de empleo, parece chocar con las intenciones, difíciles de entender, de un Ministerio de Energía decidido a mantener las obsoletas y contaminantes centrales de carbón y a alargar la vida operativa de las centrales nucleares, al mismo tiempo que anuncia recortes adicionales a los ya efectuados de forma retroactiva a las inversiones realizadas en energías renovables, cercenando cualquier iniciativa empresarial de desarrollo de un sector clave para el futuro y en el que España todavía mantiene ciertas posiciones de liderazgo.
El anuncio del Gobierno de aplicar, a partir de 2020, un recorte adicional a los realizados de cerca del 50 % a la mal llamada tasa de rentabilidad razonable, ya que no se aplica a las inversiones realmente realizadas sino a un hipotético valor establecido por el Ministerio, además de innecesario, por no trasladarse al precio de la electricidad y a los consumidores, y absolutamente injusto, por no respetarse la retribución prometida por BOE a los inversores, tendría necesariamente que debatirse en el Congreso de los Diputados, situación que el Gobierno parece querer evitar a toda costa.
Desde el sector renovable hemos lanzado repetidas peticiones al Gobierno de dialogar para que reconsideren la medida, así como a lo representantes de los partidos políticos en el Parlamento a quienes se les quiere hurtar su opinión en un tema tan sensible. Es razonable que la rentabilidad en sectores regulados tenga un valor diferente en función del año en el que se efectúen las inversiones, pero lo que no es razonable es que la rentabilidad fijada para una determinada infraestructura, sujeta a un desembolso y a una financiación en el momento de su construcción, pueda variarse con el paso del tiempo. La mayor parte de las instalaciones no tienen márgenes para nuevas refinanciaciones adicionales a las que ya tuvieron que asumir por los enormes recortes pasados.
El rosario de laudos negativos que están empezando a dictarse en relación con los fuertes recortes retroactivos que se han aplicado a las renovables puede que haga reconsiderar esas intenciones al Ministerio, ya que en las evaluaciones de los daños con los que se condena a pagar a nuestro Gobierno no están incluidos los recortes anunciados para 2020. Esto abriría tantos nuevos casos de arbitraje como los ya iniciados siendo algo que la imagen de país no debería poder permitirse. Cuánto más apropiado sería una negociación en todos los casos pendientes posibles para minimizar el impacto económico y reputacional.
Hay tiempo todavía y confiamos que las inversiones pasadas no vean reducida aún más su actual remuneración que, de hecho, se encuentra por debajo de la rentabilidad establecida en la Ley.
No se puede construir una transición energética sobre las cenizas de un sector y no se puede privar al país de una oportunidad histórica irrepetible para su desarrollo económico y la generación de empleo gracias a las políticas de apoyo pasadas que, por cierto, inició el Gobierno del PP en 2004 y que han permitido el posicionamiento de liderazgo internacional de nuestras empresas.
Luis Crespo es presidente de la patronal Protermosolar y Estela.
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