Transición justa y multinacionales

El camino de la transición energética al que apunta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es uno de los marcos necesarios para el cambio que necesitamos. Debe articularse a través de un Pacto de Estado por la Industria que incluya todos los sectores que contribuyen a la descarbonización de la economía: la automoción, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de las energías renovables, la fabricación de bienes de equipo, la siderurgia, la generación eléctrica y la actividad agroalimentaria, entre otras.

Sin embargo, este marco no es suficiente. Para que lo sea se deben configurar medidas que aseguren una transición justa con una fuerte dimensión territorial. Y lo que estamos viviendo es justo lo contrario: un proceso de desindustrialización capitaneado por las multinacionales que comenzó antes de la crisis financiera de 2008 y que se aceleró tiempo después.

Quizás el ejemplo más paradigmático sea la evolución que han experimentado las empresas que se dedican a la fabricación, puesta en operación y mantenimiento de instalaciones eólicas. Esta industria española fue, a principios del siglo XXI, adalid en I+D y en desarrollo industrial con empresas con tecnología propia como Made y Ecotecnia. Otras evolucionaron a partir de transferencias tecnológicas como Gamesa. Todas ellas fueron adquiridas por multinacionales que, tras engullir cuantiosas subvenciones, cerraron paulatinamente sus plantas de fabricación y montaje. Primero Alstom (francesa), que fue vendida posteriormente a General Electric, que acabó con todas las fábricas. Luego Vestas (danesa) y su más que dudosa actuación en León. Queda Siemens Gamesa (alemana), que hasta la fecha ha mantenido la mayor parte de la plantilla y la capacidad tecnológica y productiva, pero que ha informado a los sindicatos CCOO, UGT y ELA de “un plan de acción para mejorar el margen de beneficio” que, con seguridad, acarreará la pérdida de empleo en la Unión Europea y en el estado español.

Las empresas multinacionales han demostrado, tanto en España como en Europa, que son absolutamente ineficientes e ineficaces no ya para crear, sino para mantener el empleo.

Su desesperada búsqueda de beneficios con los que satisfacer la permanente demanda de abultados dividendos por parte de los “mercados”, arrastra inexorablemente a la destrucción del tejido industrial. Son los “inversores” los que hacen imperativa la intervención del Estado. Por un lado invierten capital y, por otro, dan la vuelta y hacen retroceder el desarrollo humano, al generar una insoportable desigualdad, tal y como lo evidencia, sin género de dudas, el economista Tomas Piketty en su obra “El capital en el siglo XXI”.

Programas como el PIVE (Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente) y las subastas anuales de tres mil megawatios de energías renovables que contiene el PNIEC deben condicionar el negocio de estas empresas para que mantengan el tejido industrial geográficamente localizado. La regulación europea y la Constitución española lo permiten.

El Gobierno debe actuar ya. Debe asegurar que un pasado comprometido con la industria y la sociedad española sea justamente retribuido y que aquel que ha parasitado nuestra economía, sea justamente penalizado. Un nuevo modelo productivo exige I+D+i y cadenas de producción localizadas en nuestro territorio, que generen valor y saneen las cuentas públicas.

**Agustín Martín Martínez es ****Secretario General de **CCOO de Industria