Un país para invertir (en industria)

Mucho de lo que hay que hacer está definido en el documento de estrategia industrial de la UE, y también en la Estrategia Industrial España 2030. Pero hay otros asuntos relacionados con la decisión de Cummins (e Iberdrola) que merecen la pena revisarse para capturar más oportunidades como esta. Al final del día se trata de crear puestos de trabajo, empleo y riqueza para nuestra sociedad.

Lo primero es pensar en los proyectos desde una perspectiva de cadenas industriales integradas. Una planta de baterías para coches eléctricos no sirve de nada si el fin último no es la fabricación de vehículos eléctricos a gran escala, con suficiente demanda interna para esa producción y una red de proveedores eficientes que permita producir con seguridad y hacer sostenible el negocio en el medio y largo plazo. Pensemos por tanto en traernos el todo y no las partes. De lo contrario será pan para hoy y hambre para mañana. En este sentido, el anuncio de Cummins se sustentaba en “crear un polo de producción de hidrógeno verde en España”. Igualmente, busquemos proyectos que configuren el paradigma industrial para los próximos 20 o 25 años. El resto es cosa del pasado.

Lo segundo consiste en transmitir certidumbre y seguridad jurídica al inversor industrial. Los costes energéticos y laborales son los más relevantes en proyectos de este tipo, y en ambos casos planea sobre ellos la amenaza de una revisión que modifique sustancialmente la hipótesis sobre la que descansaba la decisión de inversión. No vamos a entrar a discutir la sostenibilidad de los costes energéticos en la industria electrointensiva. Ni tampoco los vaivenes a los que se somete de forma recurrente a la normativa laboral en nuestro país. Ambas cuestiones requieren arbitrar soluciones que funcionen para todas las partes implicadas, pero de nada sirven si no garantizan las dos cosas que hemos mencionado al principio: certidumbre y seguridad jurídica. Adicionalmente, y mención aparte en este punto merece lo que algunos han denominado la “Yugoslavia normativa”. Tenemos 17 comunidades autónomas que muchas veces asumen competencias legislativas y van más allá de los principios mantenidos por el gobierno central, yendo este último a remolque.

En tercer lugar, y no menos importante, están los incentivos que se ofrecen a las compañías que deciden a apostar por proyectos industriales o de manufactura en nuestro país. Existe un lugar común, muchas veces criticado, que sin embargo resulta imprescindible por la competencia de países de nuestro entorno. Son las medidas que promueven una fiscalidad más ventajosa para este tipo de proyectos, o las que garantizan un régimen especial que mitigue los costes de la inversión y operación del proyecto. Volviendo al tema de los costes de suministro energético, no se trata tanto de crear subsidios de forma artificial o garantizar condiciones inasumibles hasta para el propio estado (cosas que ya se hicieron en el pasado), como de arbitrar medidas que mitiguen este coste, y que pueden requerir oportunos cambios normativos.

Por último, y parafraseando a un sindicalista con el comentaba este asunto, “a los políticos (españoles y europeos en general) les tiene que preocupar más este asunto de vertebrar el tejido industrial y productivo de nuestro país. No vale sólo hacerse la foto el día de la inauguración, hay que hacer mucha tarea antes, cumplir los plazos y no marear cuando te piden cosas concretas y específicas”. Aunque en relación a esto último hay que añadir dos salvedades: la preocupación real, como señalaba al principio de este texto, de algún departamento del presente gobierno por la desindustrialización y las herramientas legislativas que pueden mitigarla; y la falta de coordinación que muchas veces existe entre los departamentos de la administración pública a la hora de valorar y encauzar este tipo de proyectos.

_Juan Rivera es __Senior Managing Director de _FTI Consulting