El Tribunal Federal de Apelaciones de Canadá ha anulado la aprobación de la ampliación del oleoducto Trans Mountain porque el Gobierno canadiense no evaluó correctamente sus efectos medioambientales y no consultó con las comunidades indígenas.
La decisión del tribunal se produce un día antes de que los accionistas de la empresa estadounidense Kinder Morgan, propietaria de Trans Mountain, aprueben su venta a Canadá por 4.500 millones de dólares canadienses (3.465 millones de dólares estadounidenses).
El Gobierno canadiense anunció a finales de mayo que compraría el controvertido oleoducto para asegurar su ampliación, ante la negativa de la provincia de Columbia Británica a autorizar su expansión.
Trans Mountain, construido hace más de 50 años, conecta los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta con la costa del Pacífico de Canadá. La ampliación de su capacidad permitiría triplicar la exportación de crudo hacia Asia.
Pero la ampliación del oleoducto ha sido rechazada por organizaciones medioambientales, comunidades indígenas y la provincia de Columbia Británica, que temen sus consecuencias medioambientales.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones es un duro golpe para el Gobierno canadiense, que considera que la ampliación de Trans Mountain, un proyecto presupuestado en 7.400 millones de dólares canadienses (5.700 millones de dólares estadounidenses) es fundamental para la economía de Canadá.
Según el tribunal, el Consejo Nacional de Energía, que revisó el proyecto para garantizar que se ajustaba a las normas medioambientales del país, "no cumplió su obligación de valorar y asesorar el proyecto" para proporcionar la información que permitiese a Ottawa aprobar su construcción.
El consejo concluyó que el aumento del tráfico de petroleros en las costas del Pacífico de Canadá a consecuencia de la ampliación probablemente no causaría efectos medioambientales adversos, lo que según el tribunal es una "conclusión errónea" que impidió que las autoridades valorasen de forma adecuada el proyecto.
Además, añadió el tribunal, "Canadá no cumplió su deber de consultar con los demandantes indígenas y, si fuera necesario, acomodarlos".
Tras el anuncio de la sentencia, el Gobierno de la provincia de Alberta, que defiende la ampliación de Trans Mountain, dijo que se retiraba del plan de lucha contra el cambio climático puesto en marcha por el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Alberta indicó que no se reintegrará en el plan, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, hasta que la ampliación de Trans Mountain sea aprobada.
Por su parte, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, declaró hoy que Ottawa está estudiando la sentencia para determinar los próximos pasos a dar.
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