No hay meta ambiciosa que no plantee desafíos. La descarbonización de la economía y la instalación masiva de tecnología renovable lo son: las dos caras de una misma moneda y el gran reto de la llamada transición energética.
Pero no se trata simplemente de electrificar la sociedad, también hay que reforzar el mercado interior de la energía. Sólo así ganaremos la contienda contra el cambio climático y garantizaremos la seguridad del suministro. Ser verdes sin red es un mal negocio.
Europa lo tiene claro y desde hace años apuesta por un liderazgo responsable en todas sus acciones contra el calentamiento global. Avanzar en los objetivos y hacerlos vinculantes –como la cuota del 32% de renovables sobre el consumo de energía final en el año 2030– es una exigencia ineludible, pero también lo es marcar una hoja de ruta que garantice el respaldo mutuo entre sistemas eléctricos cuando las tecnologías dejan de ser completamente gestionables, no se dispone de almacenamiento energético y los vertidos se convierten en un riesgo. Aquí entran en juego las interconexiones.
Las interconexiones entre islas y las interconexiones entre países. Sin duda, hay que sumar inteligencia a las redes inteligentes, es decir, dotar de tecnología a las redes que transportan la electricidad para que hagan más con menos, pero también hay que aumentar los enlaces nacionales e internacionales para que la energía fluya a través de los continentes como si lo hiciera por una inmensa autopista llena de bifurcaciones; de tal suerte que los Estados, y sus ciudadanos, saquen algunos réditos cuantificables: mayor seguridad de suministro, menor necesidad de potencia instalada, unos precios de la electricidad más moderados y menos vertidos de energía renovable.
Son éstas las razones por las que la Comisión Juncker, desde sus inicios, ha impulsado las interconexiones como una de sus prioridades en materia energética. De hecho, si bien en sus inicios fijó un objetivo de interconexión del 10%, posteriormente decidió incrementar este ratio hasta el 15% para 2030.
Si para Europa las interconexiones son una exigencia, para España son una urgencia. El apremio nace de su condición de isla energética, un destino que comparte con Portugal. Sin embargo, a pesar de esta dependencia, nuestro ratio de interconexión con el sistema centroeuropeo –mediante enlaces con Francia– sigue siendo muy inferior al del resto de países de la UE. “Nuestra capacidad de intercambio comercial con Francia no llega a los 3.000 MW –un ratio del 3 %–, lo que nos mantiene muy alejados del objetivo del 10% fijado por la Unión Europea para 2020 y más lejos aún de la meta del 15% para 2030, éste último en línea con los ratios de interconexión de los países nórdicos”, recuerda el director general de Operación de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison.
Hito histórico
En 2018 se produjo un hito histórico en este camino. En el mes de julio, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, António Costa y Miguel Arias Cañete firmaron la Declaración de Lisboa en la que definieron los próximos pasos necesarios para completar las interconexiones energéticas entre España, Francia y Portugal. En esta Cumbre se puso en valor el proyecto estrella de la conexión entre España y Francia mediante cable submarino por Golfo de Vizcaya.
Con una inversión de 1.750 millones de euros, este proyecto está orquestado por Red Eléctrica de España y RTE, su homólogo francés, y marcará un antes y un después en la construcción del mercado único de la energía en Europa. “Sus 370 km de cable permitirán aumentar el ratio de interconexión hasta un 5% y supondrán un ahorro anual de 395 millones en costes de generación eléctrica. Tal es la importancia estratégica de este proyecto para la UE, que en 2013 lo declaró Proyecto de Interés Común (PIC), otorgándole en 2018 una subvención de 578 millones de euros, la mayor concedida hasta la fecha a una infraestructura energética”, señala Eva Pagán, directora general de Transporte de Red Eléctrica de España.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios