Unidos Podemos presenta una enmienda a la totalidad en materia energética a los Presupuestos Generales del Estado

Unidos Podemos ha registrado una enmienda a la totalidad de la Sección 20, correspondiente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La formación morada considera que la falta de políticas públicas ha permitido que los beneficios del oligopolio eléctrico aumenten en el pasado año, y que los presupuestos consolidan esa realidad. Así mismo, no se contempla la utilidad pública, a través de un aporte al bienestar de los ciudadanos en todos los ámbitos: social, cultural y de economía sostenible, por lo que es desde el grupo parlamentario creen que se necesita llevar a cabo una reforma integral del sistema eléctrico, contando así mismo con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Igualmente, se registraron de nuevo una batería de Propuestas de Ley, 16 de las 21 que han sido vetadas por el Gobierno al GP UP-ECP-EM, entre las que se incluía el cierre nuclear progresivo. En este sentido, una de las enmiendas planteadas es una enmienda de adición por la que se añade una nueva disposición final “Disposición adicional (nueva): Desmantelamiento de las centrales nucleares y gestión de los residuos radioactivos generados por las mismas"

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO y portavoz en la ponencia nuclear, ha declarado que “debemos apostar por iniciativas  que eliminen cualquier riesgo a la seguridad contra el medio ambiente y las personas, dado los efectos nocivos que produce la generación nuclear y el tratamiento de los residuos. Además, el Acuerdo de París o los compromisos en materia energética como miembros de la UE también nos obligan a buscar un escenario basado en las energías renovables. Dado que la potencia de las centrales nucleares es de difícil regulación, suponen hoy un freno para la expansión renovable en España”.

Entre las otras enmiendas registradas por el Grupo Confederal Unidos Podemos, se incorporan varias relativas a paliar la pobreza energética a través de la aplicación efectiva del Bono Social Eléctrico, la puesta en marcha de un Plan de Transición Energética movilizando inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes, aportaciones económicas para el fomento de la equidad de género en el ámbito energético y la promoción del emprendimiento de las mujeres en el sector, y líneas de financiación que permitan desarrollar operadores eléctricos locales.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem, ha querido también destacar que las enmiendas son necesarias ante la inacción del Gobierno, y que son la muestra de que la prioridad del Grupo Parlamentario es cumplir con el programa político y con dotar a la ciudadanía de medios que promuevan el empoderamiento, potenciando de este modo la soberanía energética y el impulso a un nuevo modelo productivo generador de riqueza y sostenibilidad para nuestros pueblos, comarcas y territorios.

En los programas de energía los avances en planificación energética, en eficiencia energética, y en  inversiones en renovables, son exiguos. La competitividad de los precios energéticos para las personas y para la industria que crea empleo de calidad, sigue gravemente comprometida. Se ha vuelto a perder una nueva oportunidad para incorporar un plan estable de ayudas económicas plurianuales para el vehículo eléctrico que impida que las ventas se concentren en momentos determinados y no queden detenidas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente.

Los vaticinios anunciados en relación a la nueva normativa referida al Bono Social Eléctrico, aprobado por Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que regulaba las condiciones para obtener descuentos en la factura, en función de determinadas condiciones, se han cumplido. Un fracaso rotundo que ha obligado al Gobierno a prorrogar el plazo de renovación a los beneficiarios durante seis meses. El Bono Social Eléctrico no va acompañado de financiación por parte del Estado y carga sobre la administración autonómica y local el 50% del gasto de suministro de los hogares vulnerables. Mientras, este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 no contiene partida alguna para que los servicios sociales locales o autonómicos puedan implementarlo.

La comprometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética para este 2018  queda ahora hipotecada a la transposición de la normativa europea sobre la materia. En este sentido, queda patente en estos Presupuestos que el Gobierno no tiene intención alguna de poner en marcha medidas efectivas para fomentar una Transición Energética.