Urge una revisión global de los precios regulados que pagan los consumidores

En el sector eléctrico español, se lleva más de cinco años tomando decisiones para tratar de resolver el problema del déficit de tarifas porque en los últimos años, los ingresos del sistema no han sido suficientes para cubrir todos los costes. Como cifra global, una deuda acumulada de más de 30.000 millones de euros, para un ejercicio económico anual del sector en su parte de costes regulados del orden de 18.000 millones. Porcentaje de deuda que haría saltar por los aires cualquier planificación económica de una empresa o una familia.

Son muchos los artículos, análisis y opiniones contrapuestas sobre el origen del déficit de tarifas y sus responsables. Prueba de ello, son los resultados que se pueden  encontrar realizando simples búsquedas de información en internet (más de 580.000 resultados en Google), en una reacción, entre otros, de las partes afectadas por las medidas dirigidas a la eliminación de este problema estructural.

Hasta el momento, las decisiones de los reguladores han ido dirigidas, fundamentalmente, a solucionar o digerir un problema del pasado creado a lo largo del tiempo por los propios reguladores, porque  cuando se elaboraron las tarifas, no se definía un nivel de ingresos suficiente para cubrir todos los costes, alegando un supuesto beneficio para los consumidores que no veían incrementado en el corto plazo los costes de su suministro eléctrico.

Sin embargo, no se ha atendido con la suficiente profundidad la planificación a medio y largo plazo del sistema eléctrico, que incluya el mix de producción de cada tecnología, la proyección de los costes regulados y los objetivos de evolución de las tarifas. Esta planificación debería contemplar también escenarios de sensibilidad para evitar que una evolución distinta de la demanda o los costes de la energía primaria nos pillen desprevenidos otra vez como ha ocurrido en esta crisis.

El sistema eléctrico no  debe seguir viviendo en esta incertidumbre económica permanente en la que las empresas eléctricas que lo sustentan, ya sean generadoras de cualquier tecnología, distribuidoras o transportistas estén al albur de lo que pueda ocurrir en la próxima decisión política. Tampoco los consumidores y particularmente los que dependen de forma sensible de la factura de la electricidad para el desarrollo de su negocio, pueden continuar sin poder hacer previsiones del coste de la electricidad.

Urge hacer un planteamiento macro para el sector eléctrico y su evolución a futuro. Este enfoque debe perseguir el objetivo primordial de que tanto los actores como  los consumidores conozcan con claridad el futuro al que se enfrentan para que puedan tomar sus decisiones y asumir los riesgos de los aciertos o errores derivados de las mismas. Se han empezado a dar algunos pasos en el ámbito de la revisión de los marcos regulatorios con la definición de las bases, pendiente aún de mucho desarrollo en los detalles, de lo que se quiere a futuro para las actividades reguladas del transporte y la distribución. También se ha regulado el recorte en la retribución de las tecnologías de generación con fuentes renovables y la cogeneración, para definir cuánto contribuye cada una de ellas a la contención de los costes regulados, pero poco se ha dicho de los planes e incentivos económicos y lo que se quiere a futuro para las nuevas instalaciones de estas tecnologías (incluido el enfoque del desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo).

Pero de todas estas tareas pendientes y necesarias para el sector hay una que destaca entre todas: la redefinición del marco económico del sector y la distribución de los costes regulados fijados por los reguladores entre los diferentes segmentos de consumidores. Los marcos regulatorios de las actividades de transporte y distribución, los sistemas de apoyo a las energías renovables y la cogeneración, el importe del servicio de interrumpibilidad, los pagos de capacidad, etc. definirán los componentes de costes que necesita el sistema eléctrico para seguir funcionando y atender las decisiones de política energética. A partir de ahí hay que recorrer dos sendas imprescindibles para dotar de estabilidad al sector (agentes y consumidores). Por un lado, la determinación de los costes que deben formar parte de las tarifas reguladas que pagan los consumidores con un debate amplio, sosegado y, por qué no, aprendiendo de las experiencias internacionales, sobre los que deben asumir los consumidores eléctricos y los que deben financiarse por otras vías como los Presupuestos Generales del Estado porque se deban a políticas de incentivación de determinadas actividades económicas o prioridades que los consumidores no tienen porqué pagar.  En segundo lugar, conocidos cuáles son esos costes globales, determinar cuál es la metodología asignativa de los mismos entre los diferentes tipos de consumidores y, en su caso, entre los agentes del sector.

Solamente completando de forma coordinada este triple ejercicio de fijar la evolución de los costes regulados del sector,a partir de una planificación energética adecuada, la determinación de los que deben ser parte de los costes regulados de las tarifas de los consumidores y estableciendo con claridad lo que debe asumir cada uno de los consumidores, se estará alimentando al sector con la luz necesaria para que todos los que participan en él, puedan tomar decisiones en beneficio de su desarrollo futuro.

Carlos Solé Martín es socio responsable de Regulación Energética en KPMG España y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía