Aagesen respeta los expedientes de la CNMC del apagón y no interferirá en procedimientos

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, ha asegurado que respeta al máximo los expedientes iniciados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el apagón eléctrico y ha garantizado que no interferirá en esos procedimientos.

Aagesen ha defendido en declaraciones a periodistas que esos procedimientos se inician "bajo el rigor y las garantías máximas", después de que la CNMC abriera este viernes expedientes sancionadores al detectar indicios de infracciones en periodos prolongados de tiempo que, por sí solos, no constituyen la causa del incidente.

El regulador incoó una veintena de expedientes al operador del sistema, Red Eléctrica, y a las empresas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol Generación Eléctrica, la asociación nuclear Ascó-Vandellós y Bahía de Bizkaia Electricidad (participado por BP y el Ente Vasco de la Energía).

Red Eléctrica y el apagón

Preguntada por el expediente de Red Eléctrica, al que la CNMC atribuye una falta "muy grave", Aagesen destaca que el regulador le imputa una infracción que corresponde a la ley del sector eléctrico "y cuando culmine" ese expediente "es cuando se llevará a cabo el sancionador si realmente así lo estima la CNMC".

No obstante, ha insistido en que, por el momento, este es el inicio del expediente, por lo que se debe esperar a la conclusión del mismo, al tiempo que recalca que esos expedientes se realizarán "de forma garantista y con el máximo rigor".

Aagesen ha recalcado que, desde el principio, el Miteco identificó las causas y estableció un paquete de medidas, mientras que establecer la responsabilidad "recae sobre la CNMC y sobre los procedimientos judiciales que estén en curso".

"Estaremos muy pendientes de todos y cada uno de los procedimientos hasta que estos culminen donde se tomará la decisión final", ha concluido.

La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, un procedimiento que puede oscilar entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción, según recalcó el pasado viernes la propia CNMC.