Desde el pasado 1 de julio el servicio de interrumpibilidad del mercado eléctrico español ha dejado de funcionar. La última subasta celebrada a finales del año pasado solo abarcaba para los seis primeros meses del año, y el Gobierno ha dejado a la industria sin una de sus subvenciones favoritas que le ayudaba a sobrellevar los altos precios de la energía en España.
Según Red Eléctrica, el servicio de interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico de acuerdo a criterios técnicos (de seguridad del sistema) y económicos (de menor coste para el sistema).
Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria.
Aunque no es algo habitual, a veces en el sistema eléctrico hay situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda. Esto puede deberse a una punta de consumo extraordinaria o a una pérdida súbita de generación renovable. Por ejemplo, un cambio brusco de las condiciones meteorológicas puede afectar a la generación renovable.
Ante este tipo de situaciones se cuenta con medidas preventivas. Una de ellas es el servicio de interrumpibilidad: una herramienta que permite flexibilizar la operación del sistema eléctrico desde el lado de la demanda. Los grandes consumidores de energía eléctrica (la gran industria), en respuesta a una orden dada por el operador del sistema, reducen su consumo para mantener el equilibrio entre generación y demanda, para que así al resto de los consumidores no les falte electricidad; percibiendo a cambio una retribución económica.
El servicio ha dejado de funcionar. Así se puede ver en la propia web de Esios de Red Eléctrica.
Por tanto, el operador dejará pues de tener una herramienta más a la hora de gestionar el sistema eléctrico. REE realizó a mediados de mayo su informe preceptivo sobre la idoneidad de realizar una subasta de interrumpibilidad a partir del 1 de julio. Pero la CNMC, que también ha dado su opinión al respecto de este informe, no ha hecho público esto cuando tiene la obligación de darlo. Así, que no podemos explicar si realmente el operador del sistema necesita de esta herramienta o no.
Principal afectada, la gran industria electrointensiva
Sin duda, quien sale perdiendo en todo esto es la gran industria electrointensiva. Fernando Soto, director general de AEGE, la patronal de los grandes consumidores eletrointensivos, se lamenta de esta forma sobre la pérdida de esta herramienta. "La interrumpibilidad ha servido estos años para garantizar el suministro eléctrico y, a la par, reducir una parte de ese diferencial de precio y mejorar la competitividad en coste del suministro eléctrico. España se enfrenta a una dura reactivación económica en la que este servicio es esencial para impulsar la competitividad de la industria electrointensiva. El Gobierno debería seguir el ejemplo de otros países europeos e impulsar su industria básica —de ella dependen miles de empleos estables y de calidad—, pilar básico de nuestra economía", afirma Soto.
AEGE denuncia que en la crítica situación actual, que requiere medidas de corto plazo y urgentes para reactivar a la industria, el resto de países europeos no solo han mantenido las subastas de interrumpibilidad en 2020 sino que, como Italia, las han ampliado. "Aquí, el Ministerio ni siquiera ha respondido ante nuestra solicitud de que se convoque la subasta para el segundo semestre. Estamos sin respuesta a nuestras demandas de información sobre la evolución futura de la gestión de la demanda, por ejemplo, como reserva estratégica en un nuevo marco normativo", resalta el director general de AEGE.
En palabras parecidas se pronuncia Juan García-Marquina, Head of Energy del Grupo Celsa en España. "La transición energética exige que los consumidores sean capaces de dar una respuesta flexible para facilitar la integración de las tecnologías renovables. Nuestro país cuenta con una industria con una larga experiencia en este servicio. De repente, se han dejado de celebrar las subastas de interrumpibilidad sin un motivo explícito teniendo en cuenta que se espera que la demanda se recupere en el segundo semestre y en un momento en el que existe una mayor generación no gestionable y habiendo detenido siete instalaciones térmicas que sí lo son", señala García-Marquina.
Lo que la industria no entiende es que este servicio sí lo tengan otros países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, y en España se prefiera deshacerse de él.
"Esperábamos una transición hacia un mecanismo de capacidad homologado por la Comisión Europea pero no ha llegado a tiempo y, como se indica en el preámbulo del borrador del fondo de garantías para consumidores electrointensivos, el precio eléctrico en nuestro país nos resta una competitividad que sin la celebración de las subastas de este servicio, va a resultar incluso mayor", asegura García-Marquina.
Un diferencial de precios que irá en aumento sin el servicio de interrumpibilidad y que alcanzará los 20 €/MWh con algunos de los principales competidores europeos. "La pérdida de competitividad del suministro eléctrico a la industria es evidente. Si no se remedia el tema de la interrumpibilidad, se perderá una herramienta que, con su retribución, reducía parte del diferencial de precios con nuestros competidores europeos, pese a la evolución a la baja de la retribución del servicio en los últimos años, porque incluso con la caída de precios del mercado eléctrico en 2020 —mayor en otros países europeos– el diferencial con nuestros principales competidores será de nuevo como mínimo de 20 €/MWh", asegura Fernando Soto.
El consumidor doméstico sale ganando
El servicio de interrumpibilidad fue una herramienta creada por el Gobierno del Partido Popular en su reforma energética de 2013. Han sido seis años y medio en los que la gran industria ha disfrutado de estas ayudas. Las malas lenguas del sector energético hablan de que fue la 'solución Alcoa'. La compañía estadounidense, que era la mayor consumidora de electricidad por entonces, se quejaba de los altos precios y el Gobierno montó las subastas para poder ayudar no solo a Alcoa sino a toda la industria. Ahora Alcoa está a punto de irse de España.
Lo que chocaba que esta mal denominada solución Alcoa no era del gusto de la norteamericana que ni pujaba en las subastas por hacerse con los bloques. Eso sí, era la que más dinero percibía de largo ya que se tenía que hacer con seis bloques de 90 MW en los inicios de la subasta. Otros como mucho se hacían con dos.
Estas ayudas a la industria se pagaban a través de la factura de la luz de todos los consumidores. Ahora habrá un coste menos. Joaquín Giráldez, socio de la consultora Ingebau, cree que "Siempre es una excelente noticia la salida de la tarifa eléctrica de costes ajenos a ella. Además la interrumpibilidad no era más que una subvención encubierta a la industria electrointensiva. No se discute que la empresas españolas pierden competitividad por los errores en las políticas energéticas pero un error no debe servir para corregir otro error", afirma.
Giráldez cree que se deben implementar otros mecanismos para que haya una participación de la demanda y así poder establecer un marco legal que sea justo para todos. "Dentro de las últimas modificaciones de la política de interrumpibilidad se habilitó a que esta se usase para reducir el coste de los servicios de ajuste (SSAA). Fue el comienzo de la participación de la demanda en la operación del sistema. Esperemos que se implementen nuevos mecanismos, sin financiación extraordinaria (y sobrecoste a los consumidores) para que aumente la participación de la demanda en los SSAA y que esta eliminación de la interrumpibilidad no se vea compensada por otras políticas a cargo de la tarifa en el esperado estatuto del electrointensivo", señala
"A pesar de estas luces y sombras el elefante en la habitación es la falta de previsión en las políticas energéticas. Las modificaciones en las tarifas eléctricas que los distintos gobiernos siempre se han hecho sin aviso previo y sin un plan aparente. Esta improvisación continua hace que los distintos eslabones de la cadena de valor de la electricidad traten de cubrirse con primas de riesgo que al final son pagadas por el último eslabón, el más débil, el consumidor. ¿Para cuando una política energética a medio (ya no sueño con el largo) plazo?", se pregunta.
Otras soluciones
Ahora la industria está pasando un mal momento. Un día sí y otro también se hablan de cierres de plantas, de centenares de despidos en uno y otro lado. Una de las soluciones que espera la industria es el esperadísimo Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Está previsto que en este mes de julio se realicen los últimos retoques y se apruebe, pero ya son dos años de promesas que no llegan a la industria.
"Con el impacto de la COVID-19, sin interrumpibilidad… para reactivar a la industria básica a corto plazo solo queda la compensación del CO2 indirecto, —pasando de los 6 millones presupuestados a los 275 millones de compensación máxima autorizados por la CE. La falta de armonización europea en esta materia lastra nuestra competitividad. Otra cosa sería que se aprobara un Estatuto de Consumidores Electrointensivos con más medidas y mejor dotado económicamente, para que su impacto pudiera de verdad reducir ese diferencial de 20 €/MW, como el Congreso de los Diputados instó el pasado junio. Necesitamos una regulación estable y competitiva para reindustrializar España", señala Fernando Soto.
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