La central nuclear de Almaraz, ubicada en Extremadura, tendrá que notificar oficialmente su intención de cesar operaciones antes de octubre de 2026, un año antes de la fecha prevista para el cierre de su Unidad I, programado para otoño de 2027. Así lo establece el artículo 28 del nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), que regula el proceso de transición hacia el desmantelamiento de este tipo de instalaciones.
Según el RINR, el titular de una central nuclear debe comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su intención de cesar la actividad al menos con un año de antelación. Este aviso inicial desencadena un proceso en el que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la solicitud y emite un informe para que el ministerio pueda modificar la autorización de explotación de la instalación.
En esta nueva fase, la central abandona su estado operativo comercial y ajusta sus condiciones a un modo de operación limitado, manteniendo licencias clave, como las relacionadas con la protección radiológica y el movimiento de combustible nuclear.
Según han señalado fuentes del sector a El Periódico de la Energía, actualmente no se han iniciado los trámites ante el CSN relacionados con el cierre de Almaraz, dado que el proceso formal aún no ha comenzado.
Cierre sin alternativa
El caso de Almaraz es especialmente singular porque no podrá solicitar una renovación de su licencia de explotación actual, que caduca en 2027. Esta limitación fue fijada en el acuerdo de cierre firmado en 2019, en el que el Gobierno determinó que esta sería la última licencia concedida a la central.
"Estamos en un callejón sin salida. Si no se pide la renovación, es porque no se puede. Si el Gobierno no actúa, Almaraz no tiene otra opción más que cerrar", explican las mismas fuentes a este medio.
Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, ha defendido la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas, subrayando su importancia para la estabilidad energética, la reducción de emisiones y la generación de empleo.
"Las centrales nucleares son activos clave para el sistema eléctrico y el entorno económico local. España debería considerar extender su vida útil, como ya han hecho muchos países de Europa y del mundo", ha argumentado Araluce.
"El sistema eléctrico necesita contar con fuentes estables y con una producción constante, como la nuclear, que aporta estabilidad y potencia firme al sistema" añadió el presidente del Foro Nuclear.
Diálogo
Además, el Foro Nuclear ha advertido de que la creciente presión fiscal sobre estas instalaciones, que ha aumentado más del 70% en 5 años, ha llevado a las centrales a una situación económica insostenible. Según Araluce, una extensión de la vida útil permitiría reducir los impuestos y garantizar la rentabilidad necesaria para evitar el cierre, además de ahorrar una inversión de 40.000 millones de euros en generación renovable para suplir su capacidad.
Aunque el Foro Nuclear se muestra dispuesto a dialogar con el Gobierno, aún no se han producido reuniones con la nueva ministra para la Transición Ecológica. Este vacío de interlocución genera inquietud en el sector, especialmente en un momento crítico para la planificación del futuro energético del país.
Sin embargo, la nueva ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dejó claro en el día de ayer durante su intervención en el Spain Investors Day que existe un calendario para el apagón de estas centrales entre 2027 y 2035 que fue "aceptado" por las compañías propietarias y Enresa.
Así, manifestó que el cierre nuclear se trata de una labor de "corto, medio y largo plazo", ya que se necesita garantizar la seguridad de suministro, luego estar alineado con el objetivo de descarbonización, así como un plan para la gestión del despliegue radiactivo y, en último lugar pero "muy importante", aseveró, una transición energética "adecuada". "Eso significa que queremos hacer las cosas con anticipación para ofrecer una respuesta adecuada a los territorios", añadió al respecto.
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