Análisis de los efectos de la “excepción ibérica” (I): la sobrestimación del ahorro

El objetivo del presente artículo (serán tres partes que se publicarán en sucesivos días) es analizar los efectos de la excepción ibérica.  Por “excepción ibérica” nos referimos a la autorización concedida por la Comisión Europea a los Gobiernos español y portugués, para permitirles subvencionar la generación de centrales eléctricas que usan combustibles fósiles con vistas a reducir el precio del mercado eléctrico mayorista.

Se trata de una medida que el Gobierno ha denominado “tope al gas”, terminología que ha sido ampliamente adoptada a pesar de que, en realidad, no “topa” (no limita) el precio del gas, sino que subvenciona el consumo de gas. Así, mientras que un verdadero “tope al gas” reduciría los beneficios de las empresas gasistas porque limitaría el precio al que venden el gas, el efecto del mal llamado “tope al gas” aprobado por el Gobierno es un incremento de la demanda de gas natural y un incremento de los beneficios de estas empresas.

Inicialmente, la Comisión Europea autorizó el pago de esta subvención a centrales eléctricas hasta el 31 de mayo de 2023, pero los Gobiernos español y portugués han pedido que se les autorice a seguir aplicándolo hasta el 31 de diciembre de 2023. En este contexto, puede ser útil repasar sus efectos. Para ello, este artículo se divide en tres partes:

• En la primera parte, cubrimos la estimación del ahorro siguiendo la metodología que parece haber usado el Ministerio y explicamos por qué dicha metodología es errónea.
• En la segunda parte, describimos los impactos de la excepción ibérica sobre distintos tipos de operadores en el corto plazo (es decir, dentro del 2022).
• En la tercera parte, hacemos un análisis completo de los impactos, considerando no solamente los impactos de corto plazo sino también los de largo plazo (es decir, del 2023 en adelante).

En esta primera parte, nos centramos en la estimación del ahorro siguiendo la metodología aparentemente utilizada por el Ministerio. Para no alargar demasiado el artículo, no describimos el funcionamiento del mecanismo. Basta con recordar que se trata de un pago unitario (en €/MWh) a la generación con combustibles fósiles,

(a) las rentas de congestión entre España y Francia,

(b) un recargo (“ajuste”) aplicado por el operador del mercado (OMIE) sobre las compras de electricidad en los mercados gestionado por dicho operador (con exenciones para las compras cubiertas por contratos a plazo), y

(c) un recargo (“ajuste”) aplicado por el operador del sistema (REE) sobre el consumo de electricidad (sin exenciones).

La metodología de estimación del Gobierno

Según la Ministra, hasta el 31 de diciembre de 2022, la excepción ibérica ha supuesto un ahorro para los consumidores de unos 4.500 millones de euros. Por sus declaraciones, parece que, para llegar a esa estimación, ha efectuado los cálculos siguientes:

1. estima cuál habría sido el precio que se habría observado en el mercado en ausencia de la medida (es decir, el precio “contrafactual”), suponiendo que la excepción ibérica ha reducido dicho precio exactamente en el importe de dicha subvención unitaria,
2. calcula el coste que ha pagado la demanda no exenta, como la suma del precio observado en el mercado y el recargo (“ajuste”) aplicado a las compras de electricidad,
3. calcula la diferencia entre el precio contrafactual y el pagado por la demanda no exenta, y multiplica esa diferencia por la demanda de electricidad no exenta.

(Esto es equivalente a calcular la diferencia entre la subvención unitaria y el recargo aplicado, y multiplicar el resultado por la cantidad de electricidad no exenta.)

En base a ese cálculo, se obtiene que, hasta el 31 de diciembre de 2022, la “excepción ibérica” ha reducido el coste de suministro para los consumidores españoles en 3.710 millones de euros.

Ese importe es menor que los 4.500 millones de euros estimado por la Ministra. Entendemos que eso se debe a que la Ministra suma a ese importe el ahorro derivado de la reducción en el coste de los servicios complementarios, neto del recargo aplicado sobre las compras de dichos servicios y multiplicado por la demanda total. El ahorro derivado de la reducción en el coste de los servicios complementarios asciende a 1.311 millones de euros, neto del recargo aplicado sobre las compras de dichos servicios, que supone un coste de 400 millones de euros. Así, el ahorro adicional que, de acuerdo con esta metodología, habrían obtenido los españoles en la compra de servicios complementarios hasta el 31 de diciembre de 2022 habría sido de 911 millones de euros.

, cifra similar a la indicada por la Ministra.

El problema es que ese cálculo es erróneo, en parte porque sobrestima el impacto sobre los consumidores y, en parte, porque sólo considera los efectos de corto plazo (es decir, dentro del año 2022) e ignora los impactos en años posteriores.

¿Por qué la metodología del Gobierno sobrestima el impacto sobre los consumidores dentro del año 2022?

Las principales razones por las cuales la metodología que parece haber usado el Gobierno sobrestima el ahorro sobre los consumidores dentro del año 2022 incluyen las siguientes:

• La metodología que parece haber usado el Gobierno no tiene en cuenta que la subvención a las centrales que usan combustibles fósiles ha provocado un incremento en las exportaciones y, con ello, un incremento en la demanda casada, lo cual hace que el precio del mercado se reduzca en una cuantía menor que el importe unitario de la subvención que se entrega a los generadores.

Este efecto se ilustra en el gráfico siguiente, que muestra la casación de la oferta y la demanda de electricidad en una hora en la que el precio lo marca una central de gas. Como resultado de la subvención, la oferta de las centrales emisoras se reduce por el importe de la subvención, lo cual desplaza la curva de oferta S~0~ a la curva S~1~, pero ello hace que la demanda casada se incremente de Q~0~ a Q~1~, de modo que el precio del mercado sólo se reduce de P~0~ a P~1~. La Ministra utiliza como reducción del precio el valor de la subvención unitaria (SU) cuando, en realidad, dicho valor es superior a la verdadera reducción del precio del mercado (ΔP). De esta forma, sobreestima la bajada del precio de la electricidad para los consumidores.

• Las subvenciones a los generadores se financian parcialmente con los ingresos procedentes de las rentas de congestión, parte de las cuales los consumidores españoles habrían recibido de todos modos. Esto significa que los beneficios para los consumidores están sobrevalorados en la medida en que los consumidores habrían recibido ingresos en concepto de rentas de congestión incluso si la excepción ibérica no se hubiera aplicado. Por ello, la metodología arriba descrita sobreestima el impacto positivo de la excepción ibérica sobre los consumidores.
• El Real Decreto-ley 17/2021 (modificado por el Real Decreto-ley 6/2022) por el que se minoran los ingresos de la generación no emisora si obtiene un ingreso superior a 67 €/MWh ha llevado a que los comercializadores verticalmente integrados oferten su energía a los consumidores a ese precio (67 €/MWh), tal como se puede contrastar en el comparador de ofertas de la CNMC. Los consumidores que han suscrito esos contratos a 67 €/MWh no se han visto beneficiados por la excepción ibérica, ya que habrían pagado lo mismo si no se hubiera aplicado la excepción ibérica. Pero la Ministra considera que toda la demanda que renueva o prorroga contratos o firma nuevos contratos se beneficia de la excepción ibérica y les obliga a asumir parte del coste de la subvención a los generadores. En realidad, de lo que se han beneficiado estos consumidores es de la “minoración de ingresos”: la “excepción ibérica” no sólo no les afecta positivamente, sino que lo hace negativamente ya que tienen que soportar la financiación de la “excepción ibérica” que no tendrían que soportar de otro modo. La metodología arriba descrita sobreestima la demanda que se beneficia de la excepción ibérica porque incluye entre los consumidores beneficiados a aquéllos que firman, renuevan o prorrogan contratos con precios que, en realidad, no se han visto afectados por la excepción ibérica.
• Los contratos de precio fijo que los comercializadores firman con consumidores cubren el precio de la electricidad y de los servicios complementarios. Esto significa que los consumidores que tienen contratos de precio fijo no se han beneficiado de la reducción en el coste de los servicios complementarios. Sin embargo, la metodología arriba descrita supone implícitamente que sí que se han beneficiado, exagerando así el ahorro a estos consumidores.
• La metodología del Gobierno considera implícitamente que las centrales emisoras marcan el precio del mercado en todas las horas del año, lo cual le lleva a considerar que el pago de la subvención a las centrales emisoras reduce el precio del mercado por el importe de la subvención. Pero eso no es correcto (tal como se reconoce en el Real Decreto-ley 17/2021), de modo que la metodología usada por el Ministerio sobrestima el ahorro para los consumidores en la medida que el precio del mercado lo marquen tecnologías no emisoras.

Por todo ello, la metodología que usa el Ministerio sobrestima de forma sustancial el ahorro sobre los consumidores españoles dentro del año 2022.  En la segunda parte hacemos un balance de los impactos dentro del año 2022 sobre generadores, comercializadores y consumidores españoles, así como sobre operadores de terceros países.

Oscar Arnedillo Blanco y Jorge Sanz Oliva son director gerente y director asociado de Nera Economic Consulting respectivamente.