Las petroleras advierten de que el impuesto a las energéticas pone en riesgo 16.500 millones de inversión

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advierte de las lesivas consecuencias que la prolongación del impuesto extraordinario y temporal a las compañías energéticas tendrá en la competitividad del sector, el proceso de transformación de la industria, así como el empleo, la autonomía energética de España y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país.

Mantener este gravamen pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética, afirma la asociación.

La intención de prorrogar el gravamen en el tiempo -recogida en el acuerdo entre las dos formaciones políticas que aspiran a formar Gobierno- penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre.

El impuesto a las energéticas y las inversiones

El sector del refino recuerda que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del PNIEC. Este borrador del PNIEC 2023-2030 eleva las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones, de las que el 85% deben provenir del sector privado.

Si se mantiene este gravamen, las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria. Las compañías a las que AOP representa tienen proyectadas, hasta 2030, inversiones superiores a los 16.500 millones de euros, que se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras -que no crean empleo- y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización.

AOP considera que prorrogar un gravamen, que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas, va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios.

AOP subraya, además, la importancia capital del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que las compañías de AOP habían realizado para mejorar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones.

Asimismo, durante la crisis de la COVID las compañías soportaron importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos. También, durante los peores meses de la inflación, ofrecieron -y siguen ofreciendo- descuentos adicionales, demostrando que el sector al que AOP representa, lo forman compañías comprometidas con la sociedad cuando esta las necesita.

AOP reitera su rechazo a este impuesto, que vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen.

La Asociación reitera, finalmente, la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas.