El Gobierno asturiano tiene previsto presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que este proceso se lleve a cabo de forma “equilibrada en lo ambiental, lo económico, lo técnico y lo social” y adaptada a la realidad de cada territorio.
Según ha señalado este sábado el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, el Ejecutivo regional ha empezado a estudiar el contenido del borrador de planificación que se trasladará a la Comisión Europea para valorar su posible impacto y sus repercusiones sobre la economía asturiana.
En declaraciones distribuidas por el Gobierno regional, Pola ha advertido de que se trata de “documentos extensos” que es necesario analizar durante el periodo de alegaciones que el Principado presentará y que mantendrán los criterios que ha defendido hasta ahora.
Así, una de las principales discrepancias que el Ejecutivo asturiano mantiene con el Ministerio de Transición Ecológica es la continuidad de las centrales térmicas de carbón -Soto de Ribera y Aboño, ambas de EDP- que ya han afrontado las cuantiosas inversiones necesarias para adaptarse a la normativa ambiental de la UE.
Según Pola, esas instalaciones no sólo cumplen “con holgura” las exigencias actuales si no que están en condiciones de adaptarse a futuras modificaciones por lo que, a su juicio, no deben imponerse restricciones adicionales como limitar su continuidad hasta una fecha determinada en lugar de adaptarse a su vida útil.
Al margen de estas diferencias, el consejero ha considerado positivo que de forma paralela el Gobierno anuncie un Plan de Acción Urgente en el periodo 2019-2021 para la reactivación de comarcas afectadas por el cierre de minas, centrales térmicas de carbón y las nucleares de Garoña, en Burgos, y Zorita, en Guadalajara.
“Esperemos que en las próximas semanas se concreten algunas de estas actuaciones para paliar los posibles impactos negativos en las cuencas de la desaparición de la actividad minera”, ha añadido.
En la misma línea se ha expresado respecto al trámite de urgencia que el Gobierno ha anunciado para el futuro estatuto de la industria electrointensiva que incluirá, ha apuntado, medidas que afectan a los peajes y la configuración de los costes del sistema eléctrico y que debe servir para conseguir un precio competitivo estable y predecible de la electricidad ” como demanda la industria”.