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Las consecuencias de la disrupción provocada por la injustificada agresión de Rusia sobre Ucrania seguirán presentes en 2023, y tendrán su reflejo en una continuada volatilidad e incertidumbre en los mercados de las materias primas energéticas y en la preocupación por la seguridad de suministro en Europa.

La propuesta REPowerEU de la Comisión Europea para reducir la dependencia energética exterior de la UE señalaba entre sus objetivos estratégicos fomentar el despliegue de energías renovables para fortalecer al tiempo la competitividad de la industria europea, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Este plan, que duplicaba los objetivos de gases renovables para 2030, otorgaba un papel protagonista al biometano, ampliando hasta los 35.000 millones de metros cúbicos el objetivo comunitario de producción, representativo de cerca del 10% del consumo de gas natural a nivel comunitario para esa fecha.

Bruselas reconoce el enorme potencial de España, pero seguimos en el vagón de cola europeo. Sonroja la comparación cuando vemos los datos de países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia que decidieron hace ya tiempo dar un impulso decidido a este gas renovable. Aunque el sector gasista español acogió con satisfacción en marzo de 2022 la presentación de la Hoja de Ruta del Biogás, así como el anuncio de otras medidas como el desarrollo de un sistema de garantías de origen (aún pendiente de implementación práctica), señaló su escasa ambición y la necesidad de aprovechar todo nuestro potencial estimado.

Bajo la coyuntura derivada de la invasión de Ucrania, la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya nueva versión el Gobierno deberá remitir a Bruselas en junio, deberá alinearse a los objetivos europeos y dar respuesta adecuada al nuevo y complejo contexto energético.

En este sentido, Sedigas, en colaboración con PwC y Biovic, ha puesto de manifiesto en su Estudio de la capacidad de producción de biometano en España’ el enorme potencial que atesora nuestro país, estimando una capacidad de generación de hasta 163 TWh, equivalentes al 45% de la demanda anual de gas natural. Un recurso renovable y autóctono que nos hubiera permitido reducir no solo nuestra dependencia exterior, y mejorar nuestra balanza comercial, sino también proporcionar un significativo ahorro a los consumidores españoles (hasta 4.000 millones de euros si tomamos en consideración los precios del gas natural en 2022).

El citado informe destaca como España podría albergar más 2.300 plantas de producción, que movilizarían **una inversión próxima a los 40.500 millones de euros (**un 3,6% del PIB) y que se traduciría -realizando cálculos conservadores- en la creación de unos 62.000 empleos directos e indirectos en la operación y mantenimiento de las mismas, a los que aún habría que sumar los derivados de la construcción de las instalaciones y de los inducidos en los sectores primarios, agricultura y ganadería.

Enormes beneficios

Pero más allá de la generación de riqueza en la España vaciada, hay que subrayar los enormes beneficios medioambientales asociados al biometano, pues contribuye al proceso de descarbonización, evita la liberación natural a la atmósfera de emisiones procedentes de los residuos, favoreciendo al tiempo su eficiente gestión, y fomenta la economía circular.

Además, hay que destacar sus externalidades positivas en el desarrollo y equilibrio territorial de nuestro país, para hacer frente al reto demográfico y a un proceso de transición justo e inclusivo.

En este sentido, el elemento rural resulta clave para esta tecnología que se nutre de materias primas como los residuos que genera el sector primario, la biomasa forestal y los cultivos intermedios. La agricultura y la ganadería tienen un peso muy específico en la capacidad de producción de biometano, así que no es de extrañar que las comunidades autónomas con mayor presencia de ese sector primario sean, a su vez, las que demuestran mayor potencial de producción. Pero, tal y como pone de relieve el estudio, incluso las regiones de menor tamaño o aquellas con un carácter más industrial podrían alcanzar el objetivo medio europeo de 10%.

Contamos ya con una tecnología madura y probada que no requiere de nuevas infraestructuras, al aprovechar las redes energéticas existentes, ni de adecuaciones de los equipamientos de los consumidores finales, al tratarse de una solución sustitutiva perfecta del gas convencional.

Si bien es cierto que se están dando los primeros pasos para el progresivo desarrollo de este vector energético, y que esto ha llevado a que hoy en día haya más de 200 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales que están limitando la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos de producción.

La oportunidad de que España se convierta en futuro _hub _gasista europeo gracias a los gases renovables, tanto biometano como hidrógeno verde, es cada vez más evidente, pero alcanzar esa meta requiere de un marco regulatorio cierto, estable y ambicioso, que atraiga y movilice las inversiones necesarias de la iniciativa privada, para poder disfrutar de los frutos medioambientales, sociales y económicos de la apuesta por una energía autóctona, eficiente y sostenible para todos.

Joan Batalla es presidente de Sedigas.

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