Un total de 88.809 personas de Castilla y León -el 6,8% de las anotadas en el conjunto de España (1,2 millones- se han acogido al bono social eléctrico en 2021, lo que representa 5.666 de beneficiarios más que en 2020.
De ellos, según el desglose facilitado a EFE por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 42.837 estaban considerados consumidores vulnerables y se han beneficiado de un 25 por ciento de descuento en la tarifa (hasta el 30 de abril de 2022 el descuento será del 60%).
Un porcentaje de rebaja que asciende al 40 por ciento (ahora del 70% de manera excepcional) y del que, según las estadísticas, ha llegado a 45.972 vulnerables severos tras acreditar unos ingresos mínimos o una situación prolongada de desempleo.
Asimismo, a lo largo de 2021 ninguno de ellos fue identificado como persona en riesgo de exclusión social. En este sentido, en 2020, cuando se contabilizaron 83.143 beneficiarios (40.777 vulnerables y 42.366 casos severos), tampoco se encuadró a nadie bajo ese último epígrafe. En 2019 y 2018 fueron un total de 94.284 y 78.341, respectivamente.
Por provincias, Salamanca se situó a la cabeza en 2021 con 16.729 personas seguida de cerca por Valladolid con 16.563. Le siguió León, con 13.581, y Burgos, con 11.185. Por debajo de la barrera de los 10.000 figuraron **Zamora (**9.294), Ávila (8.602), **Palencia (**6.188), Segovia (3.843) y Soria (2.824).
A este respecto, las provincias de León y Soria, con cerca de un 55 por ciento, arrojaron el mayor porcentaje de consumidores vulnerables severos: 7.482 y 1.548 respectivamente.
El Gobierno trabajará para diseñar un nuevo régimen jurídico con todas las garantías para el bono social eléctrico, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula, por tercera vez, su sistema de financiación por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está también barajando medidas para reforzar el bono social eléctrico. En concreto, estarían encaminadas ampliar la ayuda a más consumidores susceptibles de recibirla y en su renovación automática para los beneficiarios.
La situación económica de muchas familias se ha visto agravada en los últimos tiempos debido a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Casi el once por ciento de los hogares españoles sufre pobreza energética y se espera que esta cifra siga incrementándose, ya que la electricidad nunca había estado tan cara como hasta ahora.
El plazo habitual de tramitación de este tipo de normas es de unos tres meses, por lo que su entrada en vigor se prevé que se produzca antes de verano, según fuentes de Ejecutivo.
Actualmente, la norma recoge que no se podrá cortar el suministro "a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.
No obstante, los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores: cuatro meses desde la primera notificación frente al plazo general de dos.
manolo
11/02/2022