Bruselas abre expediente a España por no presentar su plan de respuesta ante apagones y crisis eléctricas

La Comisión Europea (CE) ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, Francia y Bélgica por no haber notificado a Bruselas la actualización de su plan de preparación frente a riesgos en el sector eléctrico, que debía presentar antes del pasado 5 de enero.

Estos planes deben recoger las medidas previstas para prevenir, afrontar y mitigar posibles crisis eléctricas, incluidas interrupciones del suministro provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques, escasez de combustible u otras circunstancias.

"El plan de preparación frente a riesgos es un instrumento importante para garantizar la máxima preparación del sector eléctrico" y debe servir para "evitar una interrupción del suministro eléctrico o mitigar sus efectos" en caso de que se produzca, señaló la Comisión en un comunicado.

La actuación contra España se produce después del gran apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril de 2025, aunque Bruselas no vincula este procedimiento de infracción con las causas de aquel incidente.

El plan crisis eléctricas y España

Los planes nacionales, que deben actualizarse cada cuatro años, incluyen escenarios de crisis nacionales y regionales y mecanismos para coordinar la respuesta entre Estados miembros en caso de incidentes con efectos transfronterizos.

España, Francia y Bélgica disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión, que les instó a cumplir la normativa "sin demora". Si Bruselas considera insuficiente la contestación, podrá avanzar en el procedimiento con la emisión de un dictamen motivado.

En otra decisión adoptada este jueves, la Comisión envió además un dictamen motivado a España, Grecia, Italia y Malta por no haber incorporado plenamente a sus legislaciones nacionales la nueva directiva europea de eficiencia energética, cuyo plazo general de transposición venció el 11 de octubre de 2025.

La norma establece objetivos de reducción del consumo y ahorro energético, introduce el principio de "primero, la eficiencia energética" en las grandes decisiones públicas y presta especial atención a la pobreza energética y a la renovación de edificios públicos.

Los cuatro países disponen de dos meses para completar la transposición antes de que Bruselas pueda llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar sanciones económicas.